El grupo de gobierno ordense inicia el proceso judicial contra las acusaciones de dos ediles del BNG
SANTIAGO
Los nueve ediles del grupo de gobierno de Ordes: Manuel Regos Boquete, Roberto González, José Manuel Tobío, José Ramón Vázquez Raña, Silvia Marín Pereiro, José Luis Gómez Candal, Ana María Álvarez, Jesús Pedreira y Manuel Astray han presentado ante el juzgado de primera instancia de Ordes la solicitud de celebración de un acto de conciliación con Gonzalo Castro y Ramiro Recouso, ambos ediles del BNG, por las afirmaciones de los dos concejales nacionalistas relacionadas con una tala de árboles.
Los representantes nacionalistas ordenses responsabilizaron de la tala de árboles al grupo de gobierno, al que acusaron de ralentizar la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal, cuya tramitación se inició de nuevo, para defender determinados intereses urbanísticos. En el escrito presentado por los ediles del gobierno local, según informa el Concello, se considera que las declaraciones de los ediles del BNG «además de atentar contra el derecho al honor de los conciliantes, suponen la imputación de un delito de tráfico de influencias en la medida de que se está afirmando que los conciliantes, el grupo de gobierno de Ordes, han realizado actuaciones tendentes a favorecer los intereses de una entidad inmobiliaria consistentes en la construcción en las inmediaciones del río Mercurín de un edificio de viviendas, así como los intereses personales de los miembros del gobierno local».
Los concejales del gobierno local señalan también en el citado documento que, teniendo en cuenta que la promotora que construye en la zona tiene solicitado licencia, es preciso concretar quien tendría presuntamente intereses en esa obra, ya que este permiso lo concede la Xunta de Goberno Local.
Presunta infracción penal
El grupo de gobierno ordense considera que las declaraciones de Castro y Recouso «son falsas e presuntamente constitutivas dunha infracción penal».
Al acto de conciliación deberán asistir ambas partes, bien para ratificarse en sus acusaciones o para cerrar algún acuerdo que ponga fin al proceso. El grupo de gobierno pedirá a los ediles nacionalistas que concreten sus acusaciones o, en caso contrario, que reconozcan que tales afirmaciones son falsas.