El Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM), que representa a más de dos millones de médicos, se reunió la semana pasada en Santiago de Compostela. Sus trabajos concluyeron con un, en mi opinión, importantísimo pronunciamiento que lleva por título Declaración sobre política de medicamentos: medicalización de la vida, aspectos clínicos y sociales del medicamento. Son cuatro páginas que no tienen desperdicio alguno, van desde el principio directamente al grano.
Se subraya la medicalización de la vida como uno de los problemas que actualmente contribuyen a la masificación de las consultas y que provoca dificultades para proporcionar una atención de alta calidad y frustración en una buena parte de los profesionales. Al mismo tiempo se deja claro que sin continuidad de los profesionales en los puestos de trabajo es muy difícil supervisar la evolución del tratamiento y mantener la terapéutica óptima. Se afirma, con igual rotundidad, que los derechos y beneficios de las patentes no pueden estar por encima de los resultados en salud ni del valor de la vida, y que todo nuevo producto debe ser incorporado a un precio justo que no comprometa otras necesidades de la sociedad.
Pero el FIEM no se quedó en los principios y acordó diversas propuestas concretas, entre las que destaco dos: la investigación con fondos privados debe invertir un porcentaje del presupuesto de cada investigación para la financiación de investigación en proyectos públicos; y, en segundo lugar, que debe ser creado un impuesto sobre la fast food para financiar el sistema de salud.