La Sección 230

El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos arrancó sendas vistas orales en donde se pone en tela de juicio es el alcance de la ley conocida como «Sección 230», uno de los pilares de Internet, tal y como hoy lo conocemos.

La Sección 230 —en realidad, sección 230 del capítulo V del título 47 del Código de Estados Unidos— establece que los proveedores de servicios de Internet no son responsables de los contenidos que los usuarios publiquen en los mismos, aunque al mismo tiempo, se les faculta para filtrar o censurar voluntariamente cualquier contenido que consideren «obsceno, lascivo, excesivamente violento u objetable por cualquier otra consideración, esté o no protegido por la ley».

Para entender este aparente contrasentido, debemos conocer el contexto en el que se promulgó la ley. En 1994, cuando Internet aún estaba en pañales y Google, Facebook y Twitter ni existían, la compañía Stratton Oakmont —sí, la de «El lobo de Wall Street»— demandó a dos proveedores de acceso a la Red —Prodigy y Compuserve— porque un usuario anónimo publicó en sus foros que el presidente de la firma estaba cometiendo actos fraudulentos.

En el caso de Prodigy, el tribunal falló a favor de Stratton Oakmont porque, como la startup moderaba las publicaciones en sus foros, podía considerarse que ejercía un control editorial que la hacía tan responsable del contenido como las personas que lo publicaban. Sin embargo, Compuserve fue declarada no culpable porque no moderaba contenido en ningún caso.

Temiendo que un aluvión de demandas frenara en seco el crecimiento de Internet, los políticos Ron Wyden y Chris Cox redactaron una enmienda a la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que aplicaba el mismo contexto legal a Internet que a las llamadas de teléfono. Había nacido la Sección 230.

Desde entonces, múltiples dirigentes de uno u otro signo han querido derogarla o modificarla, pero ¿por qué? y —sobre todo— ¿cómo nos afectaría?

Las críticas a la 230 vienen desde los que creen que los servicios en la Red deben rendir cuentas, tanto por los contenidos que se publiquen en los mismos como por cualquier política de moderación que les apliquen.

El blindaje de la 230 no es ilimitado, las plataformas tecnológicas son responsables por la publicación de contenidos que infrinjan las leyes de derechos de autor y contra el tráfico sexual, pero en el resto cae en una zona gris, especialmente en los casos en los que la libertad de expresión colisiona con el delito de odio y sesgos ideológicos.

Nadie parece discutir que una plataforma debe responsabilizarse de los contenidos publicados en la misma que constituyan un delito o animen a cometerlo, pero el problema es determinar exactamente cuándo. ¿Desde que se publica? ¿desde que es denunciado? ¿desde que se reciba una orden judicial para retirarlo? De eso, y no de otra cosa, va la reforma de la 230

Y con la escala de Internet —donde se generan 1.145 millones de terabytes de información cada día—, exigir a un servicio que se responsabilice de cualquier contenido desde la misma publicación del mismo nos aboca a la censura algorítmica. Convertirá a las compañías en jueces y verdugos. Será un software —no un juez— el que decida qué contenidos podremos ver y cuáles no.

Ese futuro distópico es ya una realidad en España, donde la presión y voracidad de la industria de los derechos de autor ha extendido esa responsabilidad a los streamings, lo que facultaría a un servicio online a cortar una emisión automáticamente por algo tan estúpido como recibir una llamada en directo, si la melodía del móvil pudiera tener copyright.

¿Estamos seguros de que es eso lo que realmente queremos? Imaginemos esa censura preventiva extendida para intentar evitar que el contenido generado por los usuarios pudiera incumplir cualquier ley. ¿Deberían las plataformas digitales censurar automáticamente cualquier mensaje en el que —por ejemplo— una persona acuse a otra de ser nazi? Es algo que puede ser calificado como un delito de injurias, tanto si se produce en televisión como en redes sociales.

Pero plantear que, por culpa de Internet, la única forma de garantizar nuestros derechos pasa por acotar nuestra libertad de expresión es una falsa dicotomía. Quizás, la solución para controlar el contenido online está en el mundo offline: mejorar nuestra administración judicial para que proporcione una protección efectiva, en vez de tratar de delegar la misma a compañías privadas. Dotarla de los recursos necesarios para que los litigios se resuelvan en semanas en vez de en años. Otra cosa es que eso dé más o menos votos que inaugurar edificios.

Reformar la Sección 230 solo será un parche, una chapuza que no solucionará nada, porque en una sociedad conectada como la nuestra, no debe haber leyes específicas «para Internet» sino un sistema que permita aplicar eficazmente todas nuestras leyes fundamentales «en Internet».

Este texto se publicó originalmente en la Bonilista, la lista de correo de noticias tecnológicas relevantes para personas importantes. Si desea suscribirse y leerlo antes que nadie, puede hacerlo aquí ¡es bastante gratis!

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