Al menos una demolición al mes en la comarca por desmanes urbanísticos

La APLU derribó en el 2018 varias viviendas, galpones y también retiró caravanas


pontevedra / la voz

José Antonio Cerdeira, presidente de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), decía un día en este periódico que, por muchos derribos que se ejecuten y por mucho que la concienciación con el urbanismo vaya creciendo, las ansias de tener una casa junto al mar o en un espacio rústico a veces siguen siendo grandes. Y eso lleva a que se produzcan desmanes y a que la presión urbanística, sobre todo en las zonas costeras, siga existiendo. Quizás tenga razón y, por ello, la APLU continúa ejecutando demoliciones en la comarca. Todavía no están al completo las estadísticas del 2018. Pero se sabe que al menos fueron demolidos 12 inmuebles en la comarca pontevedresa. Es decir, toca a una media de uno por mes. Eso sí, en el 2017 las cifras eran bastante peores.

¿Dónde se ejecutaron demoliciones a lo largo del 2018? Los municipios donde hubo más derribos fueron Pontevedra y Marín, con tres cada uno. En el caso de Pontevedra, se trataba de construcciones hechas en suelo no urbanizable y uno de ellos, además, de protección forestal. Uno de los inmuebles afectado era una especie de galpón. Y otros dos aparentaban ser viviendas, en un caso de dos plantas y con toda la estructura ya lista. En Marín, uno de los derribos afectó a una construcción pensada para vivienda unifamiliar, de piedra, que se ubicaba en un suelo de protección costera.

Otro de los concellos donde la piqueta suele ser necesaria es Sanxenxo. Y en el 2018 también se produjeron actuaciones de la APLU, dos concretamente. En uno de los casos se retiró una caravana que estaba puesta en suelo rústico y, en el otro caso, lo que se borró del mapa fue una vivienda prefabricada.

El caso de Vilaboa

Hubo también derribos a lo largo del año pasado en Caldas, Moraña, Vilaboa y Ponte Caldelas. En el caso de Vilaboa, el municipio donde el urbanismo dio más quebraderos de cabeza en los últimos años, lo que se demolió fue construcción destinada a uso residencial y piscina. El motivo de que se le abriera un expediente es que estaba ubicada en suelo no urbanizable.

En el caso de Vilaboa, la APLU tenía abierto más expedientes y también hay casos judicializados. El escenario en este municipio es ahora un poco distinto porque la reciente aprobación del PXOM ha supuesto un alivio para los vecinos que viven en los núcleos del interior y que hasta ahora tenían viviendas en suelo rústico. La ampliación de los núcleos permitirá que se pueden al menos estudiar la situación de cada una de esas casas y que, quizás, se puedan acabar legalizando. Más complicado parecen tenerlo los inmuebles ubicados en núcleos del litoral que no reconoce la ley de Costas.

«Sigo sen saber o que pasará coa miña casa»

Si hay una vivienda famosa por un problema urbanístico es la del vecino de Vilaboa Enrique López Patricio, ubicada en el lugar de Riomaior, en Vilaboa. Tiene encima una sentencia firme de derribo desde el 2010. Y el pasado verano el TSXG insistía en su demolición sin esperar a que se aprobase el PXOM, tal y como pedía el demandante. La casa, tras defenderla los vecinos, sigue en pie y el plan xeral se aprobó. ¿Qué pasará ahora? El dueño, duda: «Sigo sen saber que vai pasar», dice Enrique López. foto emilio moldes

Solo cinco municipios de la zona están adheridos a la agencia

En la comarca pontevedresa solamente hay cinco municipios que están adheridos a la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Se trata de Barro, Caldas, Cuntis, Moraña y Vilaboa. ¿Qué significa que se hayan sumado a la APLU? La principal es que en los ayuntamientos adheridos, además de ejercer las competencias propias de la Xunta en suelo rústico sobre usos prohibidos, el Concello también delega en la APLU otras competencias e inspecciones, como revisar que se construya adecuadamente en las zonas urbanizables o en núcleos rurales.

Eso sí, la APLU lleva años advirtiendo que no solo hace inspecciones en aquellos municipios que están adheridos. Señala que no puede tener bajo la lupa todos los municipios de Galicia a la vez, pero que intenta poner el ojo, sobre todo, en aquellas zonas costeras de mayor presión urbanística o en términos por los que pasa el Camiño de Santiago o hay patrimonio de especial protección para evitar desmanes en lugar sensibles.

El procedimiento

La apertura de expediente por parte de la agencia gallega puede venir a raíz de una inspección propia de la entidad o procedente de alguna denuncia. De hecho, en la propia web animan a los ciudadanos a luchar contra el desorden urbanístico. Si se llega al punto de que hay que hacer una reposición de la legalidad, la agencia obliga a la ejecución forzosa en caso de que el particular no lo haga voluntariamente. Primero se imponen multas y, si no se derriba, la propia APLU lo hace de forma subsidiaria.

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