La Fiscalía Superior de Galicia destaca la labor de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
05 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, hecho público recientemente, en relación a los delitos del área de medio ambiente y urbanismo refleja un descenso por segundo año consecutivo en esta tipología en la provincia. De la evaluación de los datos aportados en el informe anual, sin embargo, se concluye que Pontevedra representa todavía la provincia donde estos hechos son más numerosos que en el resto de Galicia.
Las diligencias de investigación penal que se llevaron a cabo el año pasado supusieron el 37,8 % del total gallego, una cifra inferior al 2015, cuando la proporción se elevó hasta el 41 %. Fue precisamente hace tres años cuando la Fiscalía tuvo más trabajo en la provincia de Pontevedra, ya que se alcanzó el pico de 120 procedimientos delictivos, en base a denuncias, querellas y calificaciones incoadas. Fue la cifra más elevada de la década.
El comportamiento de los pontevedreses en este área parece que empieza a diferenciarse del resto de los gallegos. Con diez procedimientos menos en el 2017 que el ejercicio anterior, Pontevedra ha ido poco a poco bajando tanto en número como en proporción porcentual en el cómputo autonómico en este capítulo delictivo.
Las cifras siguen estando lejos de ejercicios como el 2012 donde se registró el mínimo de la década con solo 27 causas nuevas, pero la provincia de Pontevedra sí se mantuvo el año pasado por debajo de la media gallega en este ámbito judicial.
La memoria de la Fiscalía Superior no entra a valorar en detalle qué factores influyen para que se constate este descenso, aunque apunta algunas cuestiones que pueden contribuir a explicar este fenómeno. Uno es la actividad desplegada por la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. La Fiscalía Superior de Galicia elogia la gestión de este organismo, al señalar que «merece ser destacado o labor que realiza esta Axencia».
Prevención fundamental
La actividad de la APLU el año pasado en Galicia implicó la ejecución de un total de 205 reposiciones de la legalidad, «a cifra máis alta desde a posta en marcha da Axencia no ano 2007» Asimismo, se califica de «labor de prevención fundamental para impedir agresións ao territorio» el trabajo impulsado por la APLU en la resolución de expedientes y la ejecución de inspecciones sobre el terreno.
Bajo el epígrafe de medio ambiente y urbanismo también se incluyen los incendios forestales, segundo aspecto por el que más causas se han tramitado (11) tras los delitos de índole urbanística (25) en Pontevedra desde la Fiscalía Superior. El año pasado también se realizaron siete diligencias penales por maltrato animal.
Por su parte, si se valora el resto de Galicia, Lugo, con solo 25 diligencias de investigación penal abiertas el año pasado, no llegan al 10 % del total gallego. Fue la provincia donde la Fiscalía tuvo menos procedimientos delictivos abiertos el año pasado por delitos en materia de urbanismo y medio ambiente. Este dato también llama la atención, porque se redujo en más de un 60 % la comisión de estos delitos con respecto al ejercicio del 2016.
En cambio, los coruñeses han experimentado un rebrote en esta modalidad delictiva, con 20 causas más hasta fijarse en 89 en el 2017 y situarse en el 34,7 % del cómputo total gallego. Los ourensanos también han seguido esa pauta alcista, con cinco procedimientos más que en el 2016, aunque son el 17,5 % del cómputo autonómico.
Vilaboa y O Grove, con la expectativa puesta en el PXOM
Los problemas urbanísticos a los que se enfrentan numerosos vecinos y concellos surgen, en muchas ocasiones, de unos planeamientos generales obsoletos o que no tienen en cuenta las necesidades de la vida moderna. Por ejemplo, en los núcleos del litoral de Marín, se llegaron a abrir expedientes sancionadores a propietarios por habilitar cuartos de baño en viviendas centenarias que carecían de este servicio fundamental. Sin el reconocimiento oficia de los núcleos citados, este asunto tan básico no podía hacerse, porque suponía modificar el volumen de algunas viviendas. Y otros ejemplos, aunque quizás no tan extremos como el citado, podrían multiplicarse.
En el municipio de Vilaboa, por ejemplo, existen varios casos de expedientes disciplinarios en materia urbanística que han derivado en causas judiciales, por actuación de la APLU por vía de oficio o por denuncias vecinales. El resultado es que existen varias viviendas sobre las que existen sentencias de derribo por delito urbanístico -sus propietarios hicieron obras nuevas o adaptaron casas previas sin licencia y en suelo no tipificado para esa función-. No obstante, la aprobación de un PXOM para Vilaboa abre una vía de futuro para buena parte de estas edificaciones, al menos en lugares como Postemirón, según explicó el alcalde, el socialista José Luis Poceiro. El nuevo plan dotaría a los vecinos y al Concello de las herramientas para poder legalizar muchas de estas viviendas y, por eso, es vital aprobarlo. El gobierno local quiere que esta aprobación definitiva tenga lugar este mismo mes, tras muchos años de retrasos.
Por su parte, en el concello de O Grove se ha iniciado la exposición pública de su PXOM, tras años de tortuosa tramitación administrativa.
Solo diez concellos pontevedreses han suscrito el acuerdo de colaboración con la APLU
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), creada hace once años, mantiene convenios de colaboración con 66 ayuntamientos de Galicia, de los que solo diez están en la provincia de Pontevedra. Los primeros en interesarse por el asesoramiento y la delegación de algunas competencias urbanísticas en la APLU fueron los de Nigrán, A Guarda, Meaño, Moraña y Cuntis, que firmaron el convenio de adhesión en el 2009. Posteriormente, en el 2010 lo hizo Vilaboa y al año siguiente Ponteareas, Caldas de Reis y Forcarei. El último en unirse a este sistema de supervisión urbanística ha sido Barro, que suscribió el convenio de colaboración en el 2013.
En el ámbito de la inspección urbanística, aparte de las competencias correspondientes a los distintos concellos, la Administración autonómica también puede intervenir de oficio. Asimismo, también hay que tener en cuenta, en el ámbito de hechos susceptibles de incurrir en delito urbanístico, la especial sensibilidad que existe en materia de litoral. Aquí es Costas, es decir, el Estado, y no la Xunta, quien sobre todo vela por el cumplimiento de la normativa en materia de protección del dominio público marítimo terrestre, así como de la franja de protección de Costas, que en algunos puntos del litoral provincial se sitúa a los 25 metros desde la marea alta, mientras que en otros se encuentra a los 100, dependiendo de si existe un núcleo legalmente reconocido y delimitado.