El fiscal asume que los responsables del club cannábico creyeron tener amparo legal

De solicitar cuatro años de prisión pasó a pedir seis meses que podrían sustituirse por trabajos comunitarios


Pontevedra / La voz

Tras varias jornadas de juicio, el fiscal asumió ayer parcialmente las tesis de los responsables del club cannábico Casa María y consideró acreditado que actuaron creyendo que estaban amparados por la ley. Esto determinó que retirase la imputación de asociación ilícita, pero no evitó que hiciese lo mismo con el delito contra la salud pública, aunque atenuado por la existencia de dilaciones indebidas. De este modo, mantuvo este cargo penal, si bien rebajado sustancialmente en su petición de penas, lo que determinó que, si inicialmente solicitaba tres y cuatro años de cárcel para los encausados, finalmente pidió seis meses y el pago de un multa de 2.644 euros.

Añadió, asimismo, que era favorable a que se sustituyese la pena de cárcel en caso de una condena por trabajos en beneficio de la comunidad o, incluso, una sanción económica proporcionada.

A lo hora de retirar la acusación de asociación ilícita, el fiscal aludió a lo que se denomina error de prohibición. Este «concurre si el autor obra desconociendo que su conducta es prohibida, es decir obra creyendo que su conducta es lícita, ya sea porque cree que el hecho no está prohibido o porque supone estar autorizado para obrar como lo ha hecho», refieren desde Wolters Kluwer.

Nulidad de pruebas

Por su parte, las defensas de los tres acusados insistieron en la inocencia de sus clientes, dos de los fundadores de Casa María y uno de sus socios. Consideraron que la actividad realizada en el club no ponía en riesgo la salud pública, toda vez que se realizaba en un «lugar cerrado, con un número de socios limitado», al tiempo que rechazaron que una vivienda de Vilaboa se emplease para el cultivo de la marihuana.

Asimismo, instaron a la Audiencia de Pontevedra a que declarase la nulidad de algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción del procedimiento judicial. Así, hicieron referencia a los muestreos de la droga intervenida, a los procedimientos seguidos para la destrucción del cannabis o a un supuesto incumplimiento de los protocolos policiales.

De igual modo, reseñaron que, en el caso de la Audiencia de Pontevedra no asuma sus argumentos y opte por una sentencia condenatoria, en esta deberían contemplarse una serie de atenuantes: error de prohibición, dilaciones indebidas y drogadicción.

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