Una vecina de Postemirón acepta ante el juez legalizar o demoler su casa en dos años
11 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, explicó ayer que la estrategia del Concello para ir dando solución al conflicto urbanístico por la falta de PXOM pasa por la aprobación parcial del planeamiento. Poceiro indicó que el próximo 16 de agosto entregará ante Urbanismo un documento para esa aprobación parcial. Se trata de conseguir el visto bueno de la Xunta para que la nueva normativa entre en vigor en la mayor parte de las parroquias de San Adrián, Santa Cristina y Vilaboa. Quedarían excluidas de esta aprobación parcial del PXOM las parroquias de Figueirido y Bértola, así como los lugares de Novás, A Graña y Sobreira.
La razón de esta tramitación a dos velocidades del planeamiento se debe a la última imposición de la Xunta que tiene que ver con la garantía del suministro de agua en los núcleos. El Concello cree que las tres parroquias citadas se ajustan a los parámetros de Augas, si bien en los otros dos casos y en los lugares citados será necesario la legalización de varias traídas de aguas y pozos para alcanzarlos.
Como la tramitación de una traída puede tardar dos años, el gobierno local quiere sacar adelante la parte que cumpliría ya ahora. Poceiro señaló que Augas se compromete a que sea un plazo menor, pero el Concello admite que no será menos de un año.
Poceiro manifestó ayer que la aprobación parcial, si se dan las condiciones, debería estar en vigor a finales de este año. Figueirido y Bértola tendrían que esperar un poco más, y mientras tanto quedarían temporalmente fuera de ordenación, con lo que solo podrían hacerse obras de mantenimiento y conservación.
Por su parte, en el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra se llegó a una sentencia de conformidad contra una vecina de Postemirón que aceptó ser culpable de un delito contra la ordenación del territorio. El juez admitió la atenuante de dilaciones indebidas, porque la vista se celebra cuatro años después. La afectada acepta una multa de 1.440 euros, un año de prisión, otro año de inhabilitación para actividades relacionadas con la construcción y el compromiso de que en un plazo de dos años tiene que o legalizar su vivienda -con la aprobación parcial del PXOM ya podría hacerlo- o demolerla.