Una ortofoto valió ayer para demostrar que una vivienda de legalidad cuestionada por la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) en A Graña, Vilaboa, estaba ya en pie en el año 2008 y no posteriormente, como la Xunta alegó en su día para denunciar penalmente a una vecina, para la que el fiscal había pedido una condena de dos años y una multa. Con este reconocimiento expreso del valor de la imagen por parte de los técnicos de la Aplu a requerimiento del juez, se dio por vista para sentencia y todo parece indicar que la resolución será absolutoria, toda vez que se entiende que la causa está prescrita, según explicaron fuentes de la plataforma de afectados de Vilaboa.
El juicio tuvo lugar ayer por la mañana en A Parda y previamente un grupo de vecinos, así como el alcalde, el socialista José Luis Poceiro, y la teniente de alcalde, la nacionalista Ornela Fernández, se concentraron delante de los juzgados para defender la inocencia de la vecina, reclamar la paralización de los expedientes y procesos judiciales contra los afectados por obras en Vilaboa y exigir a la Xunta que se apruebe de una vez el PXOM que daría solución a muchas de estas viviendas, principalmente a las situadas en nucleo rural del interior.
Un portavoz de la plataforma manifestó que una vez iniciado el juicio, el juez quiso comprobar la veracidad de la fotografía citada por la defensa, que demostraba la preexistencia de una casa en esa parcela en un año previo al registrado en el expediente urbanístico, lo que restó todo valor a la denuncia por lo penal de la vecina encausada.
El conflicto en torno a viviendas en los núcleos tanto costeros como del interior del municipio de Vilaboa viene de muchos años atrás. La aprobación de un Plan de Urbanismo por parte del Concello y la Xunta supondría una solución a parte de estas casas, que pasarían a formar parte de núcleo rural. Para otras viviendas con expedientes abiertos y ubicadas en la costa, su futuro es mucho más complicado.