El juicio por la no clasificación del monte de A Lanzada será el 4 de octubre en Pontevedra

Marcos Gago Otero
marcos gago SANXENXO / LA VOZ

SANXENXO

MARCOS GAGO

Noalla recurrió ante el Juzgado por once hectáreas fuera de dominio público en Sanxenxo

24 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

El proceso judicial para reclamar la titularidad de once hectáreas de monte comunal, fuera del dominio públicos de Costas en Sanxenxo, tiene ya fecha. Será el próximo 4 de octubre en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número tres de Pontevedra. El recurso lo presentaron en su día la comunidad de montes de Noalla y el Concello de Sanxenxo contra la decisión del Xurado Provincial de Montes de no clasificar el monte de A Lanzada y, en su lugar, aceptar que se trata en su totalidad de terrenos de Costas. Esa resolución no gustó nada entre los comuneros de Noalla, que la recurrieron en vía administrativa y, una vez agotada esta, por vía judicial. Entienden los comuneros que Costas no puede reclamar para sí los terrenos que se encuentran fuera de la franja del dominio público y que han sido de uso inmemorial por los vecinos.

Sobre la mesa está una superficie de once hectáreas, que se encuentran íntegramente dentro del término municipal de Sanxenxo. Noalla extiende sus reclamaciones en el istmo de A Lanzada, cuya titularidad también le fue negada por el Xurado de Montes. Sin embargo, en este último caso, al encontrarse fuera del límite municipal de Sanxenxo, es decir, al estar dentro del concello de O Grove, el procedimiento judicial a seguir por los comuneros sanxenxinos será distinto.

En todo caso, Noalla quiere que un juez revise la no clasificación del monte que falló el Xurado, ya que entienden que Costas se ha quedado con una amplia extensión de terreno a la que no tiene derecho. El Juzgado acumuló los recursos de Sanxenxo y de Noalla en uno solo y los argumentos de ambos se verán en la vista de octubre. Por su parte, en contra de esta revisión de la decisión de Xurado se han personado los comuneros de San Martiño y San Vicente de O Grove, así como el propio Concello meco.

Ante esta situación, todo parece indicar que pase lo que pase, la deriva judicial acaba aún de empezar y que la parte perdedora apelará la sentencia a la que se llegue en Pontevedra el próximo otoño.