Sanxenxo pagará 80.000 euros en defensa de políticos y técnicos de la investigación urbanística
SANXENXO
El Concello asume las costas tras la absolución de los afectados
19 abr 2018 . Actualizado a las 05:05 h.Último capítulo administrativo derivado de la polémica investigación urbanística que el Juzgado de Cambados abrió en el 2013 en Sanxenxo y que remató años después con la absolución de todos los imputados en el sucesivo examen de las diversas piezas en que se dividió el caso. El Concello de Sanxenxo informó ayer de que destinará 80.293 euros en pagar los gastos derivados de la defensa de los políticos y de los técnicos que fueron absueltos, en cumplimiento de una sentencia firme. Es el carpetazo final a una investigación judicial urbanística que en noviembre de hace cinco años puso en jaque al gobierno de la popular Catalina González y que cuestionó la gestión del Concello y de la Xerencia de Urbanismo.
Después, en sucesivas resoluciones judiciales definitivas de los años 2015 y 2016 no se encontró nada delictivo contra ninguno de ellos y las causas se sobreseyeron y archivaron. Tampoco se halló nada reprochable en los particulares investigados, aunque en sus casos no tiene que ser el Concello quien asuma las costas.
Desde el Ayuntamiento sanxenxino, se precisa que los políticos y técnicos municipales imputados y luego absueltos «han solicitado el pago de los gastos de defensa». En ese sentido, se recuerda desde la Administración local que «existe una sentencia firme que obliga al Concello a hacerse cargo de esos gastos».
La investigación abierta por el Juzgado cambadés supuso en su momento todo un terremoto político en Sanxenxo. El titular en aquel momento del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia llegó a abrir investigaciones a 17 personas. Entre ellas destacaban la alcaldesa, Catalina González; y el ex concejal de Urbanismo, Ángel Casal del mandato anterior. En el ámbito de los técnicos, se investigó a la ex gerente de Urbanismo y en el 2013 ya directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas; así como a otros ex técnicos de la ahora extinta Xerencia sanxenxina, Rafael Vázquez, Pablo Guío, Belén Louro y Soledad Leiro, y al arquitecto municipal Carlos Besada, y al secretario del Concello, Ángel López. Todos fueron absueltos en diferentes etapas del procedimiento. Ahora será el Ayuntamiento quien tiene que asumir los gastos de su defensa jurídica, según determinó en su momento el juez tras su absolución.
Los ochenta mil euros para este pago de costas forman parte de una modificación de crédito más amplia, por 218.363 euros, para el pago de abogados en causas judiciales. De esa cifra, 138.070 euros se destinará al pago de la interposición del recurso de apelación del SAU-13 de Monte Faro.