Los hay que llevan casi treinta años con sentencia firme para pasar por la piqueta y siguen en el mismo estado que entonces
06 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Más de cuarenta años desde la primera sentencia y casi treinta desde que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Ni siquiera las sentencias firmes logran imponerse con facilidad cuando afectan a edificios de cierta envergadura. Esta es la historia del edificio Herpi, en Sanxenxo, el decano de una amplia lista en la comarca de Pontevedra que acaba de hacer mayor la última sentencia, también firme e inapelable para otro inmueble ilegal en Sanxenxo: el de primera línea de Silgar, construido por la empresa Construcuatro entre los años 2000 y 2003, y que el Tribunal Supremo también ha declarado que debe ser demolido en parte por invadir la línea de protección de Costas.
Pero volvamos al principio. Una sentencia de los años 70, ratificada por el Supremo en el 1998 obligaba a los dueños del Herpi a crear un espacio diáfano en los bajos del edificio en el que no se oculte la playa a la vista del peatón. Los bajos siguen tapados más de cuarenta años después. Ahora, en el caso del edificio de Silgar, la asociación ecologista que promovió la denuncia reclamará su demolición, es decir, que se ejecute la sentencia. De lo contrario, podrían imponerse multas coercitivas para los responsables. Pero en algunos casos ni estas surten efecto. Es lo que sucede en Caldas de Reis, con la imposición por parte del juzgado de varias multas coercitivas al regidor por no haber completado la demolición parcial del inmueble ubicado en el número 57 y con frente también a la calle Porto do Río. Problemas técnicos mantienen sin completar el derribo. El edificio Venus, ubicado en Portonovo, también con orden de demolición parcial por problemas con los vuelos de su fachada fue decretada en el 2009. La comunidad de propietarios ha iniciado la legalización con el correspondiente derribo.
En Bueu, el edificio Pintos, sobre el que pesa una sentencia de demolición también parcial, han conseguido paralizar el proceso de desalojo después de que la jueza aceptase la suspensión cautelar solicitada por una de las vecinas afectadas. En este caso también las ilegalidades afectan a la fachada.
Pero hay casos esperpénticos, como el de edificios construidos en un término municipal pero bajo la licencia del Concello de al lado. La licencia la dio Bueu, pero el inmueble se construyó en Marín. Un largo proceso judicial, desde la década de los noventa, ha frenado su demolición.
Son solo unos cuantos ejemplos que la última sentencia por irregularidades urbanísticas -la de Silgar- ha vuelto a poner en la actualidad. El recurso más manido es el de la inejecutabilidad de las sentencias. Bajo este paraguas se coloca incluso la Administración cuando mete la pata. Como en el puerto de Marín.