Vilalonga es una de las parroquias con núcleos afectados por la Ley de Costas y que vecinos y Concello quieren normalizar urbanísticamente
31 jul 2015 . Actualizado a las 05:10 h.Muchos vecinos de Vilalonga están afectados por un problema que pasa desapercibido a la marea de turistas que atraviesan esta parroquia todos los días durante el verano. Una franja de cien metros de ancho en gran parte de su litoral impide no solo el desarrollo urbanístico de este entorno, sino que también dificulta la vida diaria de los implicados. Es una normativa estatal que restringe las obras en sus viviendas y sanciona con dureza a los infractores. La reforma de la Ley de Costas del 2013 abrió una puerta a la esperanza a estos vecinos, porque si el Estado y la Xunta aceptan los argumentos que Sanxenxo esgrime en su defensa, la pesadilla administrativa que padecen estos residentes podría llegar a su fin. Hace casi treinta años desde que la primera Ley de Costas frenó en seco el desarrollo de lugares como A Costiña y Arnosa.
Amancio Torres Parada, presidente de la Asociación de Vecinos de O Salnés, explicó que existe mucha inquietud por el futuro de las casas afectadas. «Costas non deixa ampliar nada, só pequenas modificacións con moitas condicións e tellar; temos que ter permiso para todo», indica. «Aos que teñan as casas dentro da liña dos cen metros non lles deixan ampliar a altura, nin tampouco o ancho das casas», concreta.
Y es que frente a otras zonas costeras no muy alejadas y visibles en todas las direcciones, en el litoral de Vilalonga, el urbanismo lleva décadas paralizado y aún lo sigue estando. No hay obra nueva y aquellos que se aventuran a cambiar algo sin permiso se exponen a expedientes de infracción, multas y órdenes de derribo. Torres no recuerda ninguna casa que haya caído bajo la piqueta en Vilalonga, pero sí hay vecinos que citan muros, partes de viviendas, garajes y galpones.
«O único que che deixan facer é aguantar o que tes. Por lei non podes facer un garaxe, nin ampliar unha habitación, nin converter un garaxe nunha habitación», dice.
Por si esta estricta vigilancia administrativa no fuese ya suficiente, la burocracia le complica aún más la vida a los afectados. «Un dos problemas que temos é que para pedir algún permiso, temos que solicitalo a Costas, á Deputación, á Xunta e ao Concello». Tanto papeleo desborda a los vecinos. «Está ben que se teña que facer a solicitude de obra nalgún sitio, pero que alguén se faga cargo de comunicalo ao resto das Administracións para que nós non teñamos que ir a cada unha», lamenta el dirigente vecinal.
En Vilalonga, como en A Revolta (Noalla), no se trata de construir torres residenciales, hoteles ni complejos turísticos, sino de adaptar las edificaciones existentes a cuestiones básicas de la vida moderna. «Aquí falamos de facer a vida diaria, a vivenda que se fixo sempre», recalca. Es decir, no es plan de llenar el litoral de megaurbanizaciones ni piscinas. «Está ben que se protexa a natureza, nós non pedimos que nos deixen edificar en todo e de todo, estamos dacordo con deixar libre unha liña de vinte metros de ancho ao lado do mar».
El líder vecinal sabe que el éxito de su reivindicación no es fácil, pero también reclama el mismo trato que otras partes de España, e incluso que concellos próximos. «Non sei por que temos tanto problema aquí, porque vas por Valencia ou por aí e están as casas montadas por riba do mar e aí non hai quen lles diga nada». Por ahora en Sanxenxo todo está en el aire. El desenlace se conocerá este año.