Presión a la Xunta para que cumpla su compromiso sobre la Vía Verde

Las obras sufragadas por la Diputación, Vilagarcía, Caldas y Portas se iniciaron ayer con el papel de la consellería en el aire


vilagarcía / la voz

Aunque la limpieza de la maleza comenzó hace días, conviene anotar el 11 de septiembre del 2019. La jornada en la que se iniciaron las obras de acondicionamiento de la primera Vía Verde que discurrirá íntegramente en Galicia y lo hará, además, dando ejemplo de colaboración institucional entre tres municipios diferentes, Vilagarcía, Caldas de Reis y Portas, y la Diputación de Pontevedra. De momento, falta en la ecuación la Xunta, que ha citado para el lunes a los tres alcaldes con el objetivo de desarrollar la enésima reunión sobre el proyecto, pero todavía no ha cerrado el compromiso que Beatriz Mato, entonces conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, adquirió hace dos años para sufragar el 35 % de los costes de la actuación. El papel pendiente de la Administración autonómica planeó sobre la visita que Carmela Silva, Alberto Varela y Juan Manuel Rey -el regidor de Portas excusó su ausencia por motivos de agenda- rindieron ayer a los trabajos, en marcha ya tras el hotel Ciprés.

La presidenta de la Diputación lamentó que un momento que se presumía feliz basculase, inevitablemente, hacia la ausencia de la Xunta, cuyo convenio todavía sigue en el aire a la espera de lo que suceda el lunes. La mandataria socialista no dudó en vincular los titubeos de la consellería con el hecho de que el PSOE gobierne Vilagarcía y Caldas, y animó a quien desee profundizar en este asunto a que se informe sobre las sendas que el Gobierno autonómico financia en Pontevedra y el color político de los municipios que atraviesan. Silva tiró de hemeroteca para recordar el compromiso asumido por la consellería en septiembre del 2017 y sus reiteradas confirmaciones en marzo y abril del 2018, citas en las que se habló ya de la intención de Medio Ambiente de firmar un convenio por separado con los tres concellos y ejecutar una unidad concreta, la rehabilitación del puente de hierro que cruza el Umia y la dotación de mobiliario, para poder financiar su parte con fondos europeos.

Todo cambió en diciembre, cuando la Xunta emitió un comunicado minutos antes de que la Diputación y los tres municipios firmasen el convenio que activaría la primera fase de las obras. La cantidad que apuntaba la consellería estaba bastante por debajo de los 200.000 euros que debía poner sobre la mesa. «En abril adxudicamos os traballos a Tragsa pero o culebrón continúa. Sería inexplicable que a senda estivese lista pero rematase na ponte que a Xunta debe rehabilitar. A xente non o entendería e é incomprensible que non sexa a primeira en promover esta actuación», lamentó la presidenta de la institución provincial, que espera que el departamento autonómico presente el lunes a los alcaldes un convenio que puedan firmar para rematar, de una vez, con este largo enredo.

Carmela Silva recordó, a todo esto, que ya en el 2010 la Xunta presumía en su web de haber encargado a la Fundación de Ferrocarriles Españoles un estudio para convertir las vías de tren en desuso en corredores verdes. «Todos sabemos quen comezou a gobernar no 2011 no Estado», indicó la política socialista, que quiso felicitar tanto a los tres concellos como a Tragsa por su esfuerzo en un proyecto pionero y de referencia en Galicia.

Rey confirmó punto por punto el relato de Silva y advirtió que Portas, gobernado por el PP, es el ayuntamiento más perjudicado por este bloqueo, además de anunciar venideras actuaciones en común con Vilagarcía. Varela, por último, agradeció el compromiso de la Diputación y auguró que la consellería firmará cuando las elecciones autonómicas estén a la vuelta de la esquina.

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