Vilagarcía mueve ficha para que la Xunta asuma su parte de la Vía Verde ferroviaria

El gobierno socialista busca un acuerdo plenario que inste a Medio Ambiente a financiar los 200.000 euros comprometidos


vilagarcía / la voz

Meses después de que el acuerdo entre los tres concellos concernidos y la Diputación de Pontevedra se hiciese realidad, la Consellería de Medio Ambiente sigue guardando silencio sobre su compromiso de asumir la ejecución de una parte de la Vía Verde que unirá Vilagarcía con Caldas y Portas. Las obras, por lo que respecta a la cuota de las Administraciones provincial y local, ya han sido licitadas e iniciadas en algunos de sus tramos. Así que el gobierno de la capital arousana considera llegado el momento de que la Xunta ponga en marcha su contribución.

La portavoz del grupo socialista, Tania García, acaba de registrar una moción para su debate en el pleno de la corporación municipal. Habida cuenta de la mayoría absoluta que cosechó en los comicios de mayo, el equipo de Alberto Varela no tendrá ningún problema para que su iniciativa prospere. No obstante, el PSOE quiere buscar un acuerdo amplio que presentar ante la consellería. Lo que, en definitiva, quiere Ravella de la Xunta es que financie su compromiso económico, cifrado en doscientos mil euros, y firme cuanto antes el correspondiente convenio con la Diputación y los tres municipios, a fin de licitar las obras que siguen pendientes de ejecución.

El puente sobre el río Umia

El acuerdo alcanzado en su día con Medio Ambiente dejaba en manos de la Administración autonómica la restauración del magnífico puente de hierro que salva el río Umia, dentro de la antigua vía ferroviaria que unía la capital arousana con Pontevedra. Tras meses de reuniones se alcanzó un pacto que distribuía en tres partes la inversión precisa para hacer realidad la Vía Verde. Una de ellas sería asumida por los concellos a razón de 84.119 euros Vilagarcía, 53.675 euros Caldas y 18.392 Portas. Las dos restantes, de doscientos mil euros cada una, serían aportadas por la Diputación y la Xunta.

Sin embargo, una vez que los municipios y la Administración provincial consignaron el compromiso y firmaron el convenio, la consellería remitió una propuesta que disminuía su participación de 200.000 a 164.081 euros, sin aportar ningún motivo ni explicar tal decisión. Desde entonces, no se ha producido ninguna comunicación.

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