«Trapicheo» de minimotos en las cunetas de Pontevedra: la venta con regateo que acabó de mala manera
PONTEVEDRA CIUDAD
Como si de una escena de una película de Torrente se tratase, en el verano del 2005 florecieron mercados clandestinos de vehículos minúsculos. Era todo un tejemaneje sin precios fijos y con aparatos sin garantía
10 jul 2024 . Actualizado a las 13:15 h.Si Santiago Segura o Álex de la Iglesia se hubiesen pasado por Pontevedra en el verano del 2005, quizás hubiesen tenido servido el guion de una película. O, como mínimo, una escena surrealista. Resulta que en aquel mes de julio de hace casi veinte años hubo un curiosísimo bum en las carreteras de la comarca. En ellas, en los arcenes y cunetas, de repente comenzaron a apostarse vendedores clandestinos de minimotos; unos vehículos de tamaño minúsculo y con motor de gasolina que entonces estaba en auge y que amagaron con hacerse tan popular como los actuales patinetes. La venta en sí, en teoría, no contravenía normativa alguna. O eso se decía entonces. Pero la letra pequeña era distinta. Muchas de esas minimotos acabaron siendo incautadas por la Guardia Civil porque no cumplían los requisitos técnicos mínimos y algunas eran hasta bien peligrosas. Pero para la historia quedó aquel «trapicheo» de minimotos en las cunetas donde los vehículos no tenían un coste fijo sino que su precio dependía de la mañana que se diese el cliente de turno con el regateo.
Tal y como contaba el periodista López Penide en La Voz de Galicia, los dueños de las minimotos tenían un modus operandi tan sencillo como ágil. Visualizaban un punto estratégico de la carretera, por el que pasasen muchos coches. Y en cuestión de minutos montaban ahí un mercadillo de minimotos, en pleno arcén. Así, se les podía ver con su tenderete en sitios como la recta de San Antoniño —en la carretera de Pontevedra a Santiago— o en Paredes, Vilaboa, en el vial convencional que comunica Vigo con Pontevedra. Una de las cosas más curiosas es que las minimotos cambiaban de precio sin problema alguno. En teoría, arrancaban en los 350 euros. Pero si el comprador era bueno regateando se la acababa llevando por 180 incluso 120 euros sin invertir demasiado tiempo a pie de vial. Barato, barato... que suele decirse popularmente.
Toda esa venta, en teoría, no contravenía las normas, siempre y cuando el material que se ofreciese estuviese correctamente etiquetado y cumpliese los requisitos técnicos necesarios. Y por ahí vino el problema. Pocos días después de que floreciesen estos mercadillos itinerantes a pie de arcén, la Guardia Civil y las policías locales comenzaron a meter mano a las famosas minimotos. Se descubrió entonces que la mayoría de estos vehículos no había por donde cogerlos. O al menos esas eran las sospechas que tenían los agentes del instituto armado.
Decían que estos aparatos constituían un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores porque, por ejemplo, presentaban aristas agudas y vivas capaces de hacer profundos cortes a un usuario. Tampoco contaban con piezas muy fiables. Nada más hacerles una inspección ocular detectaron que el resguardo que tenía las cadenas era insuficiente, con lo que los pilotos podían sufrir daños. O que los manillares no tenían resistencia. Por no hablar de la chafallada más grave: el conducto de gasolina, de plástico, estaba en contacto con el tubo de escape, una circunstancia que al parecer provocaba que muchos de los vehículos acabasen con el conducto derretido y con fugas de combustible. «Hay una alta probabilidad de que se produzca un incendio o, incluso, una explosión», precisaba un agente municipal a La Voz.
Con todas estas circunstancias, como cabe suponer, la venta callejera de las minimotos acabó de muy mala manera. En pocos días, agentes de distintos cuerpos comenzaron a requisar vehículos a la velocidad de la luz. Solamente en dos naves ubicadas en Arcade (Soutomaior) y en Paredes (Vilaboa) se precintaron ochenta minimotos juntas, que se sumaban a las cerca de veinte que se habían intervenido en Vilagarcía u otras cuatro en Marín. Se prohibía venderlas porque no incluían la documentación necesaria ni tampoco cumplían los requisitos de calidad de la UE.
En ese momento se señalaba que serían técnicos de Consumo los que tendrían que dictaminar si las motos cumplían o no. Pocos días después estos funcionarios también detectaban graves deficiencias en los vehículos, confirmando las sospechas que tenía la Guardia Civil y que habían dado pie a las incautaciones. Lo más peligroso en aquel momento es que las minimotos empezaron a asimilarse como juguetes pese a su peligrosidad e incluso se sorteaban como gran reclamo en las tómbolas y promociones. Fue todo un surrealista petardazo.