Condenada una abogada de Pontevedra por su deslealtad con 148 clientes
PONTEVEDRA CIUDAD
La letrada solicitó el pago por actuaciones no pedidas por los afectados
26 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Desde asociaciones de consumidores y comunidades de vecinos hasta decenas de particulares a título individual. Y así hasta sumar un total de 148 clientes perjudicados por la deslealtad profesional de una abogada de Pontevedra.
Por estos hechos, la letrada ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía asumiendo por este delito una pena de multa de 2.160 euros y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado. En cuanto a la responsabilidad civil, la acusada se comprometió a indemnizar a los perjudicados «en las cantidades que fueron cobradas por el despacho que la misma administra en concepto de servicios que no fueron solicitados por los mismos».
De este modo, y tras dictarse una sentencia in voce en la misma sala de vistas, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid la ratificaron por escrito. Así, se acreditó que la encausada, sin antecedentes penales y letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra, ejerció entre el 2015 y el 2017 como profesional para un despacho madrileño.
Fue durante este período de tiempo que «formalizó, sin el debido mandato de sus clientes, que luego se dirán, demandas ejecutivas de los laudos arbitrales dictados por la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad en materia de arrendamientos urbanos». Acto seguido, y como consecuencia de estas actuaciones no solicitadas, reclamó de sus cliente, en un primer momento, una provisión de fondos y, posteriormente, les presentó una «minuta de honorarios profesionales devengados por su actuación profesional no encomendada» por los perjudicados.
Expedientes disciplinarios
Como consecuencia de las quejas y denuncias presentadas por estos últimos, el Colegio de Abogados de Madrid abrió sendos expedientes disciplinarios contra la acusada. La entidad profesional consideró entonces que «se habían quebrantado sus intereses dado que no tenía intención de presentar la demanda ejecutiva y que la actuación de la encausada les perjudicaba».
De igual modo, se dio cuenta de estos hechos a la Fiscalía, que el 30 de Septiembre de 2016 formalizó denuncia ante el juzgado decano de Madrid, quedando, en consecuencia, paralizada la tramitación de dichos expedientes disciplinarios.