La morosidad que soporta el Concello de Pontevedra financiaría todas las inversiones municipales durante dos años
PONTEVEDRA CIUDAD
Vecinos y empresas deben más de 26 millones de euros a las arcas municipales
24 abr 2023 . Actualizado a las 10:31 h.El Concello de Pontevedra goza de una buena salud financiera: deuda pública por debajo del 10 % de los ingresos, ahorro bruto y neto positivo, elevados remanentes de tesorería, superávit al cierre de los ejercicios, cumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria... Pero sigue habiendo un campo que, por mucho que se mejora año a año gracias a medidas de persecución del fraude fiscal y de búsqueda de la equidad, no se da solventado: la morosidad que soportan las arcas públicas. El último informe de recaudación ejecutiva, un servicio que Pontevedra tiene externalizado en la firma Recyges, recoge que al cierre del 2022 los pontevedreses adeudaban al Concello 26,2 millones de euros. Una cifra que bastaría para financiar todo el capítulo de inversiones del Concello durante dos años, ya que se ejecutan en torno a 12 millones de euros anuales en obras y proyectos.
Y lo peor es que por muchos esfuerzos que se llevan a cabo en el área de recaudación ejecutiva, la inmensa mayoría de esa deuda se considera prácticamente incobrable, ya que en muchos casos se generó hace demasiados años, los deudores son desconocidos o han fallecido, o las empresas han desaparecido. De hecho, la cifra pendiente de cobro a final de cada ejercicio económico ronda entre los 25 y los 28 millones, dependiendo del año. Por ejemplo, el 2022 se inició con un cargo pendiente de 27,9 millones de euros, y a lo largo del ejercicio se cargaron otros 3,2 millones; durante el año, el servicio de recaudación ejecutiva logró cobrar 4, 8 millones, dejando la cifra final en esos 26,2 millones. Y vuelta a empezar para este año.
Esa morosidad, que no aparece reflejada en las cuentas, procede principalmente del impago de tasas e impuestos municipales, así como de multas de tráfico. Los recibos que más habitualmente devuelven los pontevedreses son la viñeta (impuesto de vehículos, con 970.000 euros sin cobrar en el 2022), el agua (796.000 euros), multas de tráfico (315.000) y el impuesto de actividades económicas, el de obras y construcciones o el de plusvalías, con unos de 150.000 cada uno.
Mención aparte merece el impuesto de bienes inmuebles, IBI, que es la principal fuente de recaudación municipal (19,6 millones previstos en el 2022), y también el que más impagos registra, alrededor de dos millones cada año. Sin embargo, el balance de recaudación ejecutiva del 2022 no lo recoge, ya que al retrasarse el período de pago voluntario prácticamente hasta noviembre, no llegó a cargarse en ejecutiva todo el saldo pendiente, que se incorpora ya en el actual ejercicio.
El 6 % de la recaudación
Registrar impagos por 3,2 millones de euros es mucho dinero desde un punto de vista cuantitativo. Pero, ¿porcentualmente? Ciertamente, no. Ronda el 6 % de la recaudación total del Concello en tasas e impuestos, un porcentaje que se considera dentro de los parámetros normales de impagos que registra cualquier Administración. Así, tomando como referencia el ejercicio económico 2022, el presupuesto aprobado para ese año preveía una recaudación de 29,8 millones por los impuestos directos —aquellos que gestiona directamente el Concello como el impuesto de bienes inmuebles, el de vehículos o el de obras—, y 21 millones por las tasas municipales. Un total, por tanto de casi 51 millones de euros, con la matización de que las estimaciones de los servicios municipales siempre son tirando a la baja, por lo que la recaudación final superó esa cantidad.
Notificar embargos, principal vía de apremio para cobrar
¿Qué pasa cuando se registra un recibo impagado en el Concello? Inmediatamente se pone en marcha un procedimiento administrativo que tiene múltiples vertientes.
Lo primero es notificar la deuda a la persona física o jurídica interesada. «Os traballos de notificación son fundamentais para garantir uns bos resultados na xestión recaudatoria en período executivo —se especifica en el informe anual de Recyges—, xa que os erros nos enderezos, na práctica das notificacións ou a falta de calquera dos requisitos esixidos pola lexislación poden supoñer a anulación de todo o procedemento».
Por lo tanto, se comprueba el domicilio, se cruzan datos entre Administraciones para buscar domicilios alternativos de los deudores y, si no se obtiene respuesta, la deuda se publica en los boletines oficiales.
El año pasado, el servicio municipal envió por correo 8.963 notificaciones de providencias de cobro relativas a cerca de 25.000 recibos impagados. Correos devolvió 3.500 por resultado desconocido, ausentes, dirección incorrecta o fallecimientos.
Desde hace unos años, estas notificaciones se realizan también a través de la sede electrónica del Concello: en el 2022 se lanzaron 1.850, pero solo 296 tuvieron respuesta. En el resto, al no acceder a la notificación «entendeuse que o interesado rexeitou» la misma.
En los casos en que no hay respuesta o se rechaza la notificación empiezan las acciones ejecutivas, que tienen a los embargos como principal recurso para cobrar estos impagos: de cuentas corrientes, de salarios, de devoluciones del IRPF o, en casos extremos, de vehículos o incluso de inmuebles.
El año pasado, el Concello tramitó algo más de 28.400 notificaciones de embargo. Una media de 77 al día. Las cuentas corrientes de contribuyentes morosos fueron los principales objetivos: se requirió información a una docena de entidades bancarias referidas a 19.704 deudores, lo que dio pie a obtener información sobre más de 28.000 cuentas corrientes. En la siguiente fase, cuando algunos ya se habían puesto al día, se emitieron un total de 25.257 mandamientos de embargo de cuentas corrientes; y finalmente se llevó a cabo el embargo efectivo de 4.215 cuentas por un total de 718.000 euros.
Las devoluciones tributarias son el segundo gran objetivo de los embargos que tramita el servicio de recaudación ejecutiva. El año pasado, se obtuvo por este procedimiento algo más de 341.000 euros que saldaron las deudas de 1.264 contribuyentes.
Además, se notificaron 567 diligencias de embargo de vehículos y 216 de embargo de inmuebles, aunque en estos casos siempre se solventó la deuda pendiente antes de llegar a ejecutar la acción más radical.