La Fiscalía de Pontevedra archiva la denuncia del PP por el contrato de los terrenos de A Canicouva

Alfredo López Penide
L. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

MARTINA MISER

Adoptó la decisión en base a la información de los técnicos y la declaración del secretario municipal

15 feb 2023 . Actualizado a las 12:42 h.

Hace algo más de un mes, si bien trascendió este martes, la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra archivó la denuncia del Partido Popular por el contrato de alquiler de una parcela en A Canicouva donde inicialmente se ha proyectado la instalación de una planta de compost. Fue el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, quien confirmó este extremo este martes, así como que ya se había dado traslado de su resolución por escrito al propio denunciante.

De este modo, la única vía que tendría el PP para mantener viva esta denuncia contra el Concello de Pontevedra sería en el caso de que la reiterase ante el juez.

En cuanto a las circunstancias que determinaron el archivo, Aladro aludió que fue consecuencia de la información aportada por los técnicos y la que facilitó el secretario del propio Concello, «a quien se recibió declaración». A la toma de declaraciones se sumó, asimismo, la recopilación de numerosa prueba documental. De hecho, a principios de diciembre del 2021, el ministerio público requirió al gobierno local la documentación relativa a este contrato que se había firmado en diciembre del 2015 y por el que el Concello abona una anualidad de veinte mil euros a la comunidad de montes de A Canicouva.

Tesis del PP

Fue el presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, quien interpuso la denuncia el 9 de noviembre del 2021. Recogía que el contrato con la comunidad de montes dispone de una cláusula por la que el contrato quedaría extinguido si en cuatro años desde su firma no se construía la planta. Es por ello que los populares trasladaron al fiscal el abono de la anualidad del 2020 al entender que habría expirado en el 2019 tras haber transcurrido cuatro años sin que se hubiese producido actuación alguna en estos terrenos.

Por aquel entonces, Domínguez consideró «un despilfarro haberse gastado cien mil euros en un terreno que nunca se utilizó», al tiempo que tachó de «decisión política» la firma del contrato. «No estamos hablando solo de tirar el dinero de todos los pontevedreses a la basura año tras año (...). Estamos hablando que no existe justificación jurídica o documental para el pago, lo que supone que se ha desembolsado el dinero de los pontevedreses de una forma ilegal», sostuvo por aquel entonces.

Respuesta del Concello

Por su parte, desde el Concello respondieron señalando que existe otra cláusula que especificaría que para resolver el contrato tendría que haber una solicitud expresa en ese sentido por alguna de las dos partes, hecho que no se produjo. De igual modo, han venido manteniendo que todos los pagos estuvieron avalados por los correspondientes informes de técnicos municipales.

El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, remarcó que «non atoparán nada porque non hai nada irregular ou ilegal».

El nuevo contrato apuesta por aprovechar esta parcela

Aunque esta parcela aún no ha sido utilizada aún, en el nuevo contrato municipal de residuos se recoge que la empresa adjudicataria dispondrá de cinco años desde su firma para construir la planta de compost. Para ello, se le ofrecerán los terrenos de A Canicouva, si bien si la firma no los considera adecuados tendrá que asumir la búsqueda de una alternativa.

Fue a finales del pasado año cuando la junta de gobierno local dio el visto bueno al que será el contrato más elevado de la historia del Concello de Pontevedra. Así, el relativo a la recogida, gestión y tratamiento de residuos está valorado en 233.395.720 euros por veinte años de contrato y, como contrapartida, la adjudicataria tendrá que asumir la recogida, gestión y tratamiento de los residuos, que tendrán la consideración de recursos. De hecho, y según explicaba Serxio Barral en la edición de La Voz del 29 de diciembre, «el de Pontevedra será el primer contrato de todo el Estado adaptado a la nueva legislación en materia de residuos, que establece unos objetivos de reciclaje de obligado cumplimiento y que incluyen tanto el vidrio, el papel y cartón y los envases como aceites y textiles: el 55 % en el año 2025; el 60 % en el 2030; y el 65 % en el 2035. Actualmente, Pontevedra está en cifras algo por encima del 20 %, y será responsabilidad de la empresa alcanzar los objetivos».