El drama de una salvadoreña asentada en Pontevedra: «Tenemos la información de donde estudian tus hijos, te los vas a encontrar en bolsas»
PONTEVEDRA CIUDAD
Fue a finales de enero del 2019 cuando la mujer y sus tres hijos presentaron en Pontevedra su solicitud de asilo, pero su historia comenzó a fraguarse varios años atrás, en el 2010, cuando la afectada comenzó a trabajar de profesora en un complejo educativo de su país de origen.
No pasó mucho tiempo hasta que las maras contactaron con ella. Así, entrado el 2011, tanto esta mujer como sus compañeros de profesión recibieron una serie de cartas remitidas extorsionándoles. En ellas, según refiere la resolución de la Audiencia Nacional, «le decían que tenía que pagar 150 dólares mensuales», al tiempo que le comunicaban que «sabían los hijos que tenía y [que], si no quería que les pasase nada, debía pagar».
Esta cantidad se incrementó hasta los doscientos euros en el 2013, dinero que la mujer continuó abonando «por miedo». Y es que, según expuso durante la tramitación de su solicitud de asilo ahora denegada judicialmente, tenía muy presente lo ocurrido a una compañera que se había negado a pagar: «Le secuestraron a sus dos hijos menores, no sabiendo hasta el día de hoy si estarán vivos o muertos».
Tal era el calvario por el que estaba pasando que en el 2014 renunció a su puesto de trabajo —«la mitad de lo que ganaba se lo estaba pagando a los pandilleros»— e, incluso, se cambió de domicilio, de tal modo que, al año siguiente, estaba empleada en un colegio privado.
Sin embargo, la tranquilidad no le duró mucho, apenas tres años. Ya que en el 2018, «cuando iba caminando hacia el centro de la ciudad, se le cruzó una motocicleta con dos individuos, los cuales le manifestaron ‘con que pensaste que te habías librado de nosotros. No quisiste seguir colaborando con nosotros. Tenemos la información de donde estudian tus hijos, te los vas a encontrar en bolsas igual que tu vecino’, marchándose ambos rápidamente con la moto».
Denuncia ante la Fiscalía
El 10 de julio del 2018 dio el paso de denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía de El Salvador, si bien precisó que no tenía copia de la misma, dado que solo le habrían facilitado el número de diligencias y la identidad de la persona que la atendió.
En todo caso, el incidente ocurrido en la calle y a plena luz del día fue la gota que colmó el vaso. Volvieron los miedos ya no solo por ella, sino por sus hijos, por lo que, de nuevo, renunció a su puesto de trabajo e impidió que los niños fueran al colegio. Fue entonces cuando, según siempre la versión que ofreció a las autoridades españolas, «tomó la decisión de abandonar el país y venirse a España», dada la seguridad existente y la facilidad del idioma. «Temían que, si se quedaban en el Salvador, los terminarían matando», añadió.
El 22 de julio del 2018 consta la entrada de los cuatro en España.