La victoria de la militar de Pontevedra a la que un superior llamaba «albóndiga» y que fue despedida por un embarazo

Se llama Ana María Santos. Y su historia bien merece incluirse entre las de todas esas mujeres que, con su lucha y con su sufrimiento, le ganaron la batalla al machismo atroz ejercido contra ellas. Su caso, el de una militar a la que echaron del Ejército tras quedarse embarazada, ocupó decenas de páginas en La Voz de Galicia entre 1998 y el año 2000, cuando consiguió una emblemática victoria en los tribunales. A saber: ella, natural de Melilla y residente en Pontevedra, era cabo del Ejército de Tierra, de la Brilat y, en 1997, en plena maternidad, no le renovaron el contrato pese a su intachable hoja de servicios en las Fuerzas Armadas, que la habían condecorado por haber participado en una misión en Bosnia. Ana María no se calló ni se estuvo quieta. Llevó sus caso a los tribunales y, hace justo ahora 22 años, le dieron la razón. En una sentencia ejemplarizante del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se recriminaba a Defensa que dejase actuar libremente al comandante que firmó el informe que avaló su no renovación y que se permitía insultarla ante sus compañeros.

Ana María contó su historia en el periódico en 1998, meses después de que no le renovasen el contrato y cuando iniciaba su batalla judicial. Explicó que en 1993 se había incorporado al cuartel de Figueirido (Pontevedra). En 1995 pasó a ser cabo, un ascenso del que se enteró cuando estaba en Bosnia. Esa misión sirvió para que la condecorasen con una medalla colectiva de Cruz Roja y de la ONU. Volvió a trabajar en Pontevedra y, en 1996, en un momento en el que hacía labores de oficina, se quedó embarazada. Señalaba entonces que el comandante de su unidad, Juan Sanmartín, le advirtió de que no iba a ser renovada cuando se enteró de que estaba encinta. A mayores, a lo largo de la gestación, no dudó en insultarla, tal y como corroboraron luego ante la Justicia sus compañeros. Le llamaba «albóndiga» y «albondiguilla».

La mujer pasó un embarazo infernal a cuenta de ese mando que, como acreditó luego la Justicia, le obligaba a hacer trabajos «que ponían en peligro su salud y la de su hijo», como limpiar estanterías elevadas o, en días de malísimo tiempo, tener que trabajar a la intemperie. El comandante en cuestión hacía oídos sordos cuando los compañeros se ofrecían a sustituirla a ella en estas labores debido a su avanzado estado de gestación.

Poco disciplinada

En medio de esa persecución, se enteró de que no le renovaban el contrato, algo raro porque solía ampliarse de forma general salvo que el militar tuviese arrestos —y su expediente era intachable—. ¿Por qué ocurría esto? Porque el mismo comandante que la insultaba hizo también un informe negativo de ella, en el que decía que llevaba a cabo las tareas encomendadas con críticas y protestas y que era poco disciplinada. Consideraba además deficientes las aptitudes psicofísicas de Ana María —que, recordemos, estaba en pleno embarazo—.

A Defensa le llegó ese informe negativo para darle puerta, pese a que otros mandos no opinaban lo mismo y que ella tenía un destino en las oficinas, un privilegio que no le hubiesen concedido si su actitud no fuese ejemplar. Al frente del Gobierno estaba entonces el PP comandado por Aznar, cuyo Ministerio de Defensa validó esa no renovación del contrato sin investigar nada.

Parecía que Ana María tenía todas las de perder. Pero la valentía exhibida para hacer pública su historia a través de páginas como las de La Voz de Galicia hizo que fuese ganando apoyos. El Instituto de la Mujer de la Xunta de Fraga se preocupó por el caso. Distintos mandos y compañeros acudieron a declarar y corroboraron que el comandante en cuestión la insultaba y que la actitud de ella era buena. Defensa, tarde y mal, acabó asumiendo su error. Pero, sobre todo, a Ana María la tomaron en serio los tribunales cuando decidió ir contra el ministerio en cuestión.

En diciembre del año 2000, tras un largo calvario, se dictaba una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que hacía que Ana María Santos brindase con champán. La Justicia le ponía palabras duras a su historia: decía que había sido perseguida por quedarse embarazada, acreditaba que había recibido insultos y le recriminaba a Defensa haber mirado para otro lado. Se obligaba a indemnizarla y dejaba abierto que volviese al Ejército.

Emocionad, Ana María señalaba entonces que por mucho que ganase en los tribunales nada le iba a compensar lo sufrido. La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Benigno López, aún suena a aire fresco hoy en día, 22 años después. La abogada que la defendió, Milagros Areán, cuenta que Defensa no llegó a recurrir el fallo judicial y cree que la atención mediática que tuvo el caso de Ana María fue clave. Señala también que, a raíz de los contactos que establecieron entonces para buscar apoyo, se iniciaron los trámites para que en el Ejército cambiase la consideración que tenía de una mujer encinta, «que era de inútil».

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