En una circunstancia tan delicada, el papel del Concello de Pontevedra, en particular del alcalde, contra el Grupo Nogar vulnera la neutralidad que se le supone
13 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La semana ha estado marcada por el tremendo suceso que supuso el incendio ocurrido el pasado domingo en la nave de la antigua Pontesa, cuya consecuencia gravísima e irreparable fue la pérdida de una vida humana. El fallecimiento de Benito González Dopazo, de 59 años, con tres décadas de experiencia y alta cualificación en Galigrain, firma filial del Grupo Nogar (matriz de la razón social de Ceferino Nogueira e hijos). Benito, a la sazón concejal del PSOE en Marín, murió en el hospital a consecuencia de las terribles quemaduras que sufrió por una deflagración ocurrida en las instalaciones de Ponte Sampaio, cuando se intentaba sofocar el incendio que afectaba al recinto.
Siete días después aún no se ha determinado una posible causa concreta del incendio ni de los efectos derivados del mismo. Por tanto, la depuración de responsabilidades aún está muy en el aire. A expensas de las conclusiones que deparen las indagaciones que policía y juzgado lleven a cabo, así como de las averiguaciones que también acometen la Inspección de Trabajo y las diferentes Administraciones públicas, entre ellas la municipal. Como también las anunciadas hasta por el propio grupo empresarial Nogar conforme comunicó públicamente el pasado viernes.
Actividad autorizada
Una de las cuestiones preliminares a esclarecer es si la actividad de almacenaje que la filial del Grupo Nogar desarrollaba en la antigua nave de la cerámica Pontesa era legal y conocida, desde que arrendó esas instalaciones en el 2018. Según el citado grupo empresarial, sí estaba autorizada y era del conocimiento de la Xunta de Galicia, administración que tiene esa tutela.
Otra cuestión es si semejante autorización era conocida por el Concello de Pontevedra, que esgrime que carecía de información «oficial» sobre tal actividad y que no otorgó licencias o permisos referidos a la misma, según lo que la concejala de Seguridad y el propio alcalde han manifestado en estos días. Semejante falta de comunicación entre Xunta y Concello resultaría inaceptable.
Pero asimismo resulta increíble que durante cuatro años el tráfico de camiones y mercancías entre el puerto de Marín y la nave de Ponte Sampaio hubiera pasado inadvertido para la Policía Local y los servicios técnicos y de inspección del Ayuntamiento de Pontevedra. Lo que el alcalde definió como «desconocimiento» del Concello, también podría ser una falta de responsabilidad «in vigilando», como ya le han achacado al gobierno municipal desde el Partido Popular y Vox.
Lores carga tintas
Frente a la pluralidad de investigaciones en marcha que probablemente podrían arrojar resultados dispares, llama tremendamente la atención la rotundidad acusatoria con la que se ha empleado el Concello de Pontevedra y, de modo particular, el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quien ha emprendido una implicación directísima contra el grupo empresarial Nogar. El regidor, con un discurso extremo más propio de un sindicalista de la CIG que de un cargo público institucional, arremetió contra el Grupo Nogar, de quienes dijo que «no son una compañía ni seria ni rigurosa como pensábamos» y les comparó con emporios de los tiempos duros del capitalismo «máis salvaxe».
El alcalde de Pontevedra se declaró «altamente sorprendido» porque «eu pensei que unha empresa que ten un prestixio e que tiña entendido que era unha empresa seria, logo resulta que tiña unhas instalacións sen ningún tipo de garantías nin licenzas». El edil apuntó hacia ese grupo empresarial que tiene alquilada esa nave como almacén afirmando que «había risco nesas instalacións para as persoas, para os traballadores e mesmo para a poboación en xeral».
Por dos días consecutivos, el alcalde Lores ha realizado manifestaciones públicas en las que ha ido subiendo el tono incriminatorio contra el Grupo Nogar, al que acusó explícitamente de carecer de las mínimas condiciones de seguridad en las instalaciones de Ponte Sampaio. Extremo negado rotundamente por la empresa.
La Cross y Ence
A expensas de lo que determinen las respectivas investigaciones sorprende que un cargo público como el alcalde de Pontevedra vulnere, a las primeras de cambio, la neutralidad que se le supone por su rol institucional. En lugar de guardar las distancias y esperar a lo que depongan las investigaciones en curso, el regidor ha ordenado un marcaje a las actividades del Grupo Nogar que incluyó una inspección a las instalaciones de la antigua Cross, en las marismas de Alba, a cargo de la Policía Local y de técnicos municipales que se realizaba el viernes y de cuyo resultado aún no sabemos.
Cabe preguntarse si tendrá algo que ver en esta inusitada presión del Concello contra el grupo empresarial de los Nogueira el hecho de que entre sus actividades figure ser el principal operador de madera de eucalipto en el puerto de Marín. Y que, en condición de tal, se hayan significado y, particularmente Víctor Nogueira, presidente del Grupo Nogar, en numerosas declaraciones defendiendo la continuidad de Ence en Lourizán y en criticar a quienes —como el gobierno municipal de Lores— promueven el cierre de la pastera que ha considerado una «temeridad».