Las incógnitas que debe despejar la investigación del incendio en Pontesa

Los Bombeiros de Pontevedra tuvieron que regresar este sábado a la antigua fábrica de porcelana para realizar labores de enfriamiento y sofocar los puntuales focos de fuego que van surgiendo. Transcurrida una semana del incendio que devastó las naves de la antigua Pontesa, en la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, provocando la muerte de Benito González Dopazo, son varias las incógnitas que deben esclarecer las distintas investigaciones abiertas. Estas son las tres principales.

¿Cuál fue el detonante del incendio?

Dos son, al parecer, las hipótesis que se manejan a falta de conocer las conclusiones de los expertos en investigación de fuegos. Por un lado, un cortocircuito que hubiese, dado el material que se almacenaba, provocado una deflagración y posterior incendio. Por otro, que un exceso de humedad hubiese causado el mismo resultado. Hay que tener en cuenta que instalaciones como las de la antigua Pontesa están afectadas por la legislación ATEX, directiva europea que exige un control exhaustivo de los riesgos de explosión por la presencia, en este caso concreto, del polvo que sueltan los cereales. El Grupo Nogar almacenaba aproximadamente 42.000 toneladas de, fundamentalmente, cebada y productos de girasol. Los especialistas precisan que son tres los requisitos que se dan en una explosión: la presencia de un comburente, el oxígeno del aire, por ejemplo; la existencia de un combustible, caso del polvo de los cereales; y que se constate un punto caliente o fuente de ignición, que pueden ser las chispas procedentes de un cortocircuito, pero también otros factores. De hecho, existen supuestos de combustiones espontáneas por la fermentación en masa de cereal.

¿Disponían de autorización para almacenar grano?

Las antiguas instalaciones de Pontesa son, en principio, uno de los espacios autorizados por la Consellería de Medio Rural para el almacenaje de grano. El Grupo Nogar emplea estas naves, que tiene alquiladas desde hace cuatro años, desde el 2018, cuando se ha alcanzado el tope de capacidad de sus instalaciones en el puerto de Marín. Desde el Concello de Pontevedra, por su parte, mantienen que, aunque se disponga de esa autorización autonómica y dado que se está ejerciendo una actividad, se tendría que haber solicitado una licencia municipal al respecto. En relación con esta cuestión, tanto el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores como la concejala de Seguridade de Cidadá, Eva Villaverde, han venido sosteniendo que no se cursó solicitud alguna para disponer de esta licencia de actividad en la antigua fábrica de cerámica.

¿Las instalaciones tenían sistemas de seguridad y contraincendios?

Quizás la respuesta a esta pregunta sea lo que determine el camino que seguirá el procedimiento judicial que ya instruye el Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra, al que remitirán los informes elaborados, entre otros, por la policía científica y policía judicial de la Comisaría de Pontevedra, así como el del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga). Y, de nuevo, dos versiones contrapuestas. Por un lado, la del Grupo Nogar, empresa que, de manera concluyente, ha sostenido que «la seguridad y salud laboral es prioritaria y una de las piedras angulares de la política de la compañía, que ostenta para el desarrollo de su actividad todos los permisos y protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales necesarios, incluidas medidas antiincendios». Y, por otro, la del Concello de Pontevedra. Así, Fernández Lores aludió a unas «condicións absolutamente lamentables, sen medidas de seguridade» y lo ejemplificó remarcando que «non hai hidrantes, non hai nada». Es por ello que, tal vez, la pregunta tendría que reconducirse a si los medios de que, supuestamente, se disponía eran los adecuados para el tipo de actividad que se realizaba.

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