Francisco Millán Mon: «La Comisión no va a rectificar; solo cabe la vía jurídica»
PONTEVEDRA CIUDAD
El eurodiputado gallego cree que el Gobierno español o el francés deberían llevar el asunto al TJUE
22 sep 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Como eurodiputado con presencia en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Francisco Millán Mon (Pontevedra, 1955) ha hecho, con su grupo, un trabajo «preventivo», advirtiendo al Ejecutivo comunitario de las consecuencias socioeconómicas que podrían tener las 87 vedas —entonces 94— que planteaba para sus aguas del Atlántico. En vano.
—¿Sorpresa?
—Disgusto. No me ha sorprendido tanto. Ya el otro día vi con mucho escepticismo ese supuesto compromiso de González Formoso con el comisario de revisar el establecimiento de las vedas. Yo no los vi nada por la labor de rectificar. Yo mismo le pedí a la Comisión en julio que lo reconsiderase, pero estaba muy poco conciliadora en este punto. Hubo bastante bronca con el director que intervino, que fue un poco vago, gaseoso, al dejar caer que había que consultar al Reino Unido y que no iba a ser inmediato, pero vino a decir claramente que, una vez que lo notificaran a los británicos lo iban a imponer y no les vi que fueran a dar marcha atrás.
—Pues la Xunta percibió un cierto compromiso cuando vino la directora general de Asuntos Marítimos (DG-Mare) a Vigo, al abrirse a nuevos informes.
—Hubo una reunión el 26 de julio en la que se abrieron a mantener nuevas reuniones y se creó una ligera esperanza. Yo mismo me lo creí, pero el sector no salió contento. Y cuando Vitcheva vino a Vigo, mi impresión es que estaba satisfecha del contacto que había habido y que creía que había sido persuasiva, no creo que tuviese afán de cambiar la decisión.
—¿El Parlamento Europeo se ha pronunciado? ¿Ha habido consultas suficientes?
—No tiene capacidad de recurrir contra esto. Nosotros [el PPE] metimos esto en el orden del día de la sesión del 12 de julio. El sector, desde luego, no se considera lo suficientemente informado. Y con los Gobiernos, las reuniones que tuvieron fueron con los representantes en los comités. Nueve países se abstuvieron y España e Irlanda votaron en contra. Nueve países costeros, que no Hungría o Chequia. La Comisión debería recapacitar, porque, además, ha tomado una decisión en base a un informe del ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) del 2017, con datos del 2011. ¡Estamos en el 2022! Y no se ha medido el impacto socioeconómico.
—¿Qué puede hacer un eudiputado?
—El acto de ejecución no es un acto delegado al que se puede oponer el Parlamento con una mayoría especial. La Comisión tiene las manos más libres. ¿Qué puede hacer un diputado? Nosotros ya hemos venido haciendo un trabajo preventivo, al advertir ‘oiga, no vaya usted por este camino’. Nuestro papel es más bien político. Hemos pedido con carácter de urgencia la comparecencia del comisario y seguiremos presionando políticamente. Ahora ya no es tanto una cuestión tanto de la Eurocámara como del poder Ejecutivo; es decir, de los Estados miembros, que tienen una especie de estatus privilegiado la hora de litigar en el Tribunal de Justicia de la UE.
—¿Cuál cree que sería la medida más efectiva?
—Creo que el Gobierno español u otro, como el francés, deberían llevar el asunto al TJUE. La Xunta y el sector están estudiando esa vía, pero la más eficaz desde el punto de vista institucional y jurídico sería que el asunto lo llevara España. Sé que el ministro Planas ha pedido que este punto esté en el orden del día del próximo Consejo, pero también debería anunciar que va a litigar contra esa resolución. Eso podría dar lugar a una suspensión cautelar de la medida. Sería, además, lo coherente con ese voto en contra. La Comisión no va a rectificar; solo cabe la vía jurídica de echar esto abajo.
