La desesperante espera de las personas con discapacidad para tener una valoración en Pontevedra

La Voz PONTEVEDRA / LA VOZ

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Con una larga fila de personas se protestó este martes en Pontevedra contra los retrasos en las valoraciones de la discapacidad
Con una larga fila de personas se protestó este martes en Pontevedra contra los retrasos en las valoraciones de la discapacidad COGAMI

Denuncian frente a las instalaciones de EVO en la avenida de Vigo, dependientes de Política Social, los retrasos en los informes

04 may 2022 . Actualizado a las 11:51 h.

Bajo el lema #Esperaydesespera, la Confederación Galega de Persoas Con Discapacidade (Cogami) denunció este martes frente a las instalaciones del EVO en la avenida de Vigo de Pontevedra los retrasos que existen para la valoración de la discapacidad. En la ciudad participaron representantes de las entidades Cogami, Amizade, AGL, Alcer Pontevedra y Asearpo, además de usuarios que permanecen a la espera de su valoración o de que se renueve el baremo actual. En la ciudad las esperas se sitúan en los dos años. Desde Cogami afirmaron que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas que la sufren en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. 

Cogami subraya que, dependiendo de la comunidad autónoma, el tiempo de espera es variable, pero se queja de que incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia encuentran diferencias notables. En una misma ciudad, asegura, se puede encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses en conseguir tener la misma valoración. En los casos más graves detectados por Cogami, Cocemfe y su movimiento asociativo, hay personas que fallecieron ante de tener la resolución, teniendo que estar todo el tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que los necesitaban. Consideran urgente que se ponga en marcha un nuevo baremo del grado de discapacidad, que fue consensuado por organizaciones, Gobierno central y comunidades.