Xabi, con diversidad funcional, pide una oportunidad para seguir estudiando después de los 21 años
PONTEVEDRA CIUDAD
Las AMPA gallegas de centros de educación especial solicitan que se amplíe la edad de escolarización hasta los 26 años
02 nov 2023 . Actualizado a las 12:52 h.Xabi Cores Baliñas tiene 17 años y padece una discapacidad intelectual. Siendo bebé, una meningitis le provocó un retraso cognitivo y un déficit de atención que requiere de una educación especial, que recibe por las mañana en centro Príncipe Felipe de Pontevedra, y de la terapia que le dispensan por las tarde en Esperanza Salnés. Las sesiones con el psicólogo y el pedagogo tienen los días contados toda vez que, si alguien no lo remedia, la asociación con sede en Cambados cerrará en diciembre debido a su eterno problema de financiación.
En el Príncipe Felipe todavía le quedan tres años, pero su estancia allí también tiene fecha de caducidad habida cuenta que la edad de escolarización concluye a los 21. Actualmente cursa un ciclo formativo de jardinería y él quisiera poder seguir estudiando y formarse en la especialidad de viticultura. Con el actual escenario, no será posible.
Según relata su madre, Isabel Baliñas, a los 21 años tendrá que abandonar las aulas y solo le quedarán dos opciones: entrar en el centro concertado de la Fundación Juan XXIII con sede en Pontevedra -para el que existe una lista de espera de dos años- o reservar plaza en un centro de día para personas con diversidad funcional, de carácter privado, lo cual pasa por desembolsar alrededor de mil euros al mes, según apunta su progenitora. Su lucha y la de otros padres en su situación es conseguir que la edad de escolarización se prolongue, al menos, hasta los 26 años, pero esa batalla aún está por librar y podría llegar tarde para Xabi.
«O meu fillo podería facer unha FP básica adaptada que lle abriría máis camiños, porque co certificado de profesionalidade co que sae do Príncipe Felipe pouco vai poder facer. A súa ilusión é poder traballar as viñas da familia», señala. «Hai nenos que ao saír do centro de educación especial e ir para a casa entran en depresión e os que van a outros centros teñen que convivir con persoas de 50 ou 60 anos, e iso tampouco é bo. O mellor é que puideran seguir estudando nos centros de educación especial».
Isabel echa de menos una mayor implicación de la Administración a la hora de completar la formación laboral de los chicos con diversidad funcional, lo cuales, pese a sus limitaciones, tienen mucho que aportar. «Hai moitos xabis que teñen discapacidade intelectual, pero que son moi intelixentes. Só necesitan unha oportunidade».
A su hijo le gusta trabajar en el campo, pintar y es autosuficiente en la esfera doméstica. Sí, necesita un refuerzo, pero eso no debería ser un impedimento para encontrar un trabajo que se adapte a sus capacidades, opina esta vecina de Ribadumia. Isabel afronta esta lucha desde dos frentes; a través de la plataforma gallega de las AMPA de los centros de educación especial y como presidenta de Esperanza Salnés. Por ella no va a quedar, aunque no oculta su pesimismo cuando le preguntamos por el futuro de Xabi: «Moi negro», dice, máxime cuando hay médicos que todavía cuestionan la necesidad de expedir un certificado de discapacidad para su hijo. «Iso pasoume a min».
El BNG se hace eco de la demanda de las familias
La plataforma de asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de educación especial de Galicia está luchando para conseguir que se amplíe la edad de escolarización en este tipo de centros. Actualmente está fijada en 21 años y la meta es que se prolongue hasta los 26, no solo para la educación reglada, también para la atención asistencial de los chicos con diversidad funcional. «Pedimos a escolarización ata os 26 anos para todos, incluídos os rapaces que non poden seguir un ciclo formativo regulado», según explica Xavier Rodríguez, portavoz de la plataforma.
Desde las AMPA reclaman a la Xunta la modificación del decreto que regula la atención a la diversidad: «A Xunta ten competencias para flexibilizar a norma como xa fixeron en Castela León, é cuestión de vontade», apunta Rodríguez. Y como las AMPA no encuentran la respuesta deseada en el Gobierno gallego, el BNG ha recogido el guante y ha trasladado sus demandas a Madrid vía pregunta parlamentaria: «¿Promoverá el Gobierno una reforma legislativa que establezca, de forma clara, la posibilidad de que las administraciones educativas fijen una edad máxima de escolarización en los centros educativos especiales que supere los 21 años atendiendo de ese modo las necesidades del alumnado y de sus familias?», interpela el diputado Néstor Rego.
«Las familias y el alumnado se sienten impotentes al ver paralizado definitivamente el proceso formativo de sus hijos e hijas, dificultando la conciliación laboral de los padres y madres, que se ven a abocados en muchos casos a abandonar su trabajo para poder prestar una atención adecuada en su domicilio. La obligación de abandonar el centro educativo a los 21 años pone fin de forma abrupta y prematura al proceso de desarrollo personal, intelectual, social y emocional que permitiría alcanzar el máximo rendimiento posible de sus capacidades y evitar la exclusión social de un colectivo muy vulnerable», añaden desde el grupo nacionalista.
Otra de las demandas en las que están inmersas las AMPA es la referida a la dotación de más plazas para escolarizar a sus hijos. En 2020, el censo de chicos con diversidad funcional en Galicia aumentó de 95.000 a 98.000 «e só se crearon 40 prazas públicas nun ano», según informa Rodríguez. «Política Social non está dando resposta ás necesidades destas familias», añaden desde la plataforma.