Pontevedra vuelve a pedir a la Xunta que derribe ya el desguace ilegal de Marcón
PONTEVEDRA CIUDAD
Existe una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 202 que ordena su demolición
21 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Pontevedra volvió ayer a reclamar a la Xunta que se ejecute la orden de demolición sobre el desguace ilegal situado en Marcón. No es la primera vez que insta a la Administración autonómica a que se acate la sentencia. Lo hizo el pasado mes de mayo, pero es ya un asunto que se ha dilatado en el tiempo, ya que este proceso se inició en el 2004. Esta resolución llegará en el momento en el que la Xunta realice la demolición de este desguace, después de que fuesen ellos mimos los que declarasen ilegal la obra en el 2006. «Chegados xa ao 2021, parece tempo suficiente, no que levamos xa máis dun ano lembrando a quen ten as consecuencias nesta materia que tome a decisión de executar a sentenza dun xeito definitivo», señaló la portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, tras la junta de gobierno de los lunes. Además, prosiguió con la necesidad de que «se proceda ao derribo desta instalación que ocasiona un malestar evidente entre aos veciños, ademais dun problema medioambiental pola acumulación de residuos que non deberían estar aí».
Sentencia judicial
La última acción judicial se dictó a finales del año pasado, a raíz del recurso presentado por un particular a causa de la «inactividade da Administración» para resolver la situación.
La instalación carece de licencia municipal y está edificada en terreno rústico no urbanizable, por lo que no existe posibilidad alguna de legalizarla. Sobre ella pesan, además, varias sentencias de demolición. La primera fue en el 2006 y tras varios recursos adquirió firmeza en el 2012, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló que la instalación es «incompatible con el ordenamiento urbanístico».
En es momento se confirmó la orden de demolición. Tendrá que ser la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), ente dependiente de la Xunta, la que ejecute el derribe. El hecho de que 17 años después se siga pendiente de que se ejecute la sentencia incomoda al Concello de Pontevedra, que este lunes ha vuelto a dar un ultimátum a la Administración autonómica por boca de su portavoz municipal, Anabel Gulías.