La junta de personal del Concello de Pontevedra alerta de nuevas tensiones con el gobierno local

Los representantes de la junta de personal del Concello de Pontevedra expresaron este lunes su malestar con la gestión política del área de Personal, que coordina Carme Fouces (BNG). Le acusan, entre otras cosas, de practicar una política de imposición de condiciones de trabajo, de incumplir unilateralmente acuerdos alcanzados en anteriores mandatos o de falta de voluntad negociadora. Los sindicatos ya han puesto de manifiesto su rechazo dejando de asistir a las mesas de negociación, ya que consideran que en las mismas «no se negocia, sino que imponen sus medidas».

Uno de los últimos motivos de fricción fue la imposición de que las bajas laborales tengan que ser ratificadas por el Sergas y no se acepten partes de baja firmados por médicos de aseguradoras privadas.

Los sindicatos, que aseguran contar con el respaldo del 95 % de los trabajadores municipales, no descartan llegar a convocar una huelga si la situación no se reconduce.

Reorganización de puestos

Por otro lado, el gobierno local aprobó ayer una reorganización de la Relación de Postos de Traballo (RPT) que afecta a 33 puestos. Implica, explicó la portavoz, Anabel Gulías (BNG), «unha reorganización e reasignación dos postos existentes para a mellora dos recursos humanos». El objetivo es «mellorar a axilidade nos trámites administrativos para que os veciños de Pontevedra dispoñan dunha Administración moderna, que reduza tempos de espera en expedientes e que ao mesmo tempo siga sendo garantista para a protección do interese público».

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