La primera mesa de trabajo sobre Ence no presupone acuerdos para un traslado, pero al menos abre un marco para el diálogo. A Audasa, por su parte, la Audiencia le ha dado una inyección de soberbia
30 abr 2021 . Actualizado a las 20:37 h.La celebración de la primera reunión de la mesa de trabajo sobre el futuro de la fábrica Ence con las subsiguientes lecturas de los diferentes actores, nos ha dejado interpretaciones varias. Pero sí se realiza un análisis detenido, prácticamente cada parte se atuvo a lo que cabía esperar. Al guion preestablecido.
Las versiones que trasladaron no se distancian de los presupuestos de partida que cabía imaginar: la pastera, sus trabajadores (con las diferentes estrategias sindicales), las auxiliares, transportistas, sector forestal y, por supuesto, la Xunta de Galicia están por la continuidad de Ence y el cierre no es una alternativa que contemplen. Frente a ellos, el Gobierno Central y el Concello de Pontevedra aparentan un frente común que no aceptará otro resultado que no sea un traslado.
Una concesión
La única concesión, el matiz que, por ejemplo, subrayó el alcalde pontevedrés, fue que la propia empresa sorprendió al admitir su predisposición a explorar «cualquier posibilidad de futuro y escuchar alternativas de ubicación», como dijo la pastera en el comunicado con el que se posicionó. Pero no se puede obviar que en el párrafo anterior de ese comunicado decía muy claramente que «el traslado de esta instalación no es posible por motivos técnicos y económicos».
El tema es de mayúscula dificultad. Como he escrito otras veces, tiene la capacidad de activar debates encendidos donde las posiciones intermedias parecen tener poca cabida. Es asunto de blanco o negro; los grises hasta parecen mal vistos. Sin embargo, solo por el camino del diálogo y el acuerdo, será posible alcanzar puntos de encuentro que hoy en día semejan complicadísimos.
Ministra distanciada
La distancia con que la ministra Ribera ve el asunto del futuro de Ence seguramente le otorga mayor capacidad de abstracción para no contaminarse con las posiciones tan confrontadas. Pero también destila cierta audacia ignorante. Decir que «aún queda tiempo para preparar y organizar bien las cosas» sonó a «buenismo» más que a un análisis realista del problemón que supone. La titular de Transición Ecológica partió de un presupuesto que no gusta ni a la empresa ni a los trabajadores ni a las empresas auxiliares, transportistas y sector forestal: se puso en un escenario de «diez años», según dijo (a mí me salen casi 12 hasta 2033) presuponiendo que la Audiencia Nacional pudiese fallar contra Ence y aboliese la prórroga que el presidente Mariano Rajoy le dio a la pastera hasta 2073.
La segunda parte que me preocupa de la posición adoptada por Teresa Ribera es que parece que vaya a soltar amarras y en siguientes reuniones de la mesa de trabajo pretendería echarse a un lado y dejar en manos de la empresa y la Xunta el peso de las conversaciones para explorar «cualquier posibilidad de futuro y escuchar alternativas de ubicación», como dijo la pastera en el comunicado con el que se posicionó.
Sin embargo, el Gobierno Central no se puede descolgar de la mesa. Debe ser moderador y parte activa pues será, finalmente, quien deberá decidir en base al marco legal, en virtud de la nueva Ley de Cambio Climático. Y su concurso sería fundamental para la consecución de fondos europeos que pudieran inyectarse en un hipotético traslado si apareciese una localización adecuada y se alcanzase un consenso a tal fin. Si la ministra se aparta, en el fondo mandaría un mensaje: ella tampoco cree que haya alternativas posibles.
Inyección de soberbia para Audasa en la Audiencia Provincial
El otro gran titular de la semana fue la sorprendente sentencia de la Audiencia Provincial que empodera a Audasa al darle un severo revolcón al titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad, que había condenado a la concesionaria por seguir cobrando peajes en los días más complicados de las obras en el puente de Rande.
Una vez más, el ciudadano de a pie alucina con la diferente, antípoda percepción que un tribunal y otro pueden tener respecto de un asunto tan sensible. ¿Cómo lo que era para el juez Marquina una práctica abusiva de Audasa durante los tres años de las obras de ampliación del puente, puede ser disculpado por los magistrados de la Sala Primera de la Audiencia de Pontevedra? Según el fallo, ,para estos «no existe una relación directa entre el pago del peaje y las condiciones en que se presta el servicio».
Cabe recurso
Es cierto que aún queda la posibilidad de recurso(s) ante el Tribunal Supremo. Ya sean del fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro quien sentó a Audasa en el banquillo con aquella demanda colectiva que presentó en 2018 y al que supongo tan escocido como el juez Marquina con el fallo de la Audiencia; o de las diferentes plataformas, como En Colectivo o ADICAE, que también podrían acudir en casación ante el Supremo.
Pero más allá de que la concesionaria pueda salir de rositas por aquello, este giro judicial insospechado supone una inyección de soberbia para una empresa que ha demostrado carecer de empatía con sus miles de clientes y a la que solo hay un método para arrancarle un descuento: a base de compensaciones que siempre terminan saliendo de los Presupuestos Generales del Estado.