Susto o trato

El debate de la ley de Cambio Climático en el Congreso y el fallo que produzca la Audiencia Nacional decidirán la suerte de la fábrica de Ence en Pontevedra

Protesta de trabajadores de Ence en A Coruña
Protesta de trabajadores de Ence en A Coruña

En cuestión de días, quizás a finales de mes, según las previsiones de los grupos parlamentarios, se librará en el Congreso de los Diputados una de las dos batallas que definirán la suerte de la fábrica de Ence. Será el debate del proyecto de ley de Cambio Climático que podría modificar el marco legislativo que hasta ahora permitía a la pastera planificar su futuro con un horizonte relajado, hasta el 2073.

Si el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos consigue armar una mayoría «frankenstein», como la de la investidura o los presupuestos, que respalde la aprobación de esa ley, la permanencia de la fábrica en Lourizán podría experimentar un recorte, hasta el 2033, según el contador que se deduciría del «famoso» artículo 18.3 de la nueva norma. Aunque existen interpretaciones dispares según explican los diferentes actores en escena.

La segunda batalla (que está vinculada con la legislativa), es judicial. No tiene fecha, pero podría ocurrir en cualquier momento pues depende de cuando los magistrados de la Audiencia Nacional que entienden el asunto, resuelvan sobre los recursos presentados por colectivos ecologistas, respaldados por el Concello de Pontevedra, contra la citada prórroga a favor de Ence que otorgó el Gobierno de la Nación, con Mariano Rajoy de presidente y en tiempo de descuento, pues estaban en funciones cuando se decidió en el 2016. En ese pleito judicial se discute la legalidad de aquella prórroga en función de la normativa vigente (las leyes de costas y Patrimonio).

Trato con la ministra

Estos dos que acabo de describir son los escenarios en los que real y definitivamente se dilucidará la suerte inminente de la fábrica. Por ende, de todo lo que supone y genera en su derredor, económicamente hablando. Creo que ya hace mucho tiempo que la disquisición sobre «Ence, sí; Ence, no», superó el debate más simplista. Una amplia mayoría de la ciudadanía asumió que la presencia de la pastera en una localización ciertamente hiriente impuesta por la dictadura franquista, sin embargo, tiene otras retribuciones económicas que adquieren mayor valor en tiempos de crisis como los que vivimos.

Como auditó en su día la consultora KPMG, esta industria mantiene 5.000 empleos directos e indirectos, vertebra el mercado forestal del que se benefician unas 200.000 familias a través de los montes privados y comunales que le venden madera; y genera 460 millones de euros anuales que suponen el 28 % del producto interior bruto (PIB) de Pontevedra. Además del movimiento portuario que genera en los muelles de Marín con 100 barcos anuales y entre los camioneros que realizan miles de portes relacionados con la fábrica de Lourizán.

Esta parte del asunto es la que, de modo directo y valiente, están evidenciando con sus movilizaciones los trabajadores tanto propios como satélites para hacer llegar sus argumentos a la propia ministra Teresa Ribera con la que esperan sentarse a hablar en unos días, si la gestión del delegado de Gobierno de Galicia prospera adecuadamente.

Lo que resuelva el debate parlamentario sobre la vigencia de las concesiones en dominio público marítimo terrestre, cuestiona la permanencia de muchas industrias que aguardan el desenlace.

El susto de Colmenares

En medio de la expectación por el inminente debate parlamentario de la nueva ley, el reciente vídeo del presidente y CEO de Ence, en concreto el pasaje en el que habla sobre la inestabilidad de la caldera de recuperación y el riesgo que supone de «un susto ambiental mayúsculo» para la población circundante, ha sido gasolina para la «contra».

Quienes, como el gobierno municipal de Pontevedra y la APDR, militan activamente frente a la continuidad de Ence, se han encontrado un combustible inesperado que Ignacio de Colmenares les ha brindado. Bien es cierto que la alocución era de consumo interno para el personal de la empresa. Por tanto, su filtración conculca la privacidad. Pero resulta innegable su valor informativo. E irrefutable, la alarma que ha generado. Como corrobora la decisión de la Fiscalía de Pontevedra de abrir una investigación sobre la seguridad de la planta de celulosa.

El desliz de Colmenares ha retroalimentado una parte del debate hacia la peligrosidad de la pastera y da alas a quienes demandan su cierre. La Asociación para a Defensa da Ría (APDR), el BNG y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se han encontrado con un «regalazo». Después de que Elnosa ya emigrase a Torrelavega. Pero, insisto: la cuestión de fondo será la que resulte del desenlace de los acontecimientos parlamentarios y judiciales. Si de una u otra vía deviene una posible pronta fecha de caducidad de la permanencia de Ence en la ría, estaremos ante un giro drástico de la situación.

Si resultase que Ence tuviera que cerrar en doce años y la empresa, en consecuencia, decidiera acelerar su salida a Portugal, por ejemplo, asistiríamos a un «juego de tronos» con el conglomerado de intereses económicos, sociales y políticos que se desencadenarían. Habrá quienes pretendan reclamar el «trofeo» de conseguir forzar el cierre de la pastera. Pero… ¿de quiénes serán la paternidad de los muertos económicos que quedarán por el camino?

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