El proyecto de polígono comercial Granxa do Vao lleva veinte años de atascos burocráticos que, una vez más, parece podrían estar a punto de superarse
04 mar 2021 . Actualizado a las 11:49 h.El proyecto del polígono comercial Granxa do Vao es uno de esos casos de historia interminable que pueblan la cronología reciente de Pontevedra. Como lo fue la construcción de un nuevo hospital. Como resulta ser el eterno dragado del Lérez. Como seguirá siendo la pretendida erradicación del poblado chabolista que lleva décadas asentado muy cerca de donde se pretende este desarrollo de suelo comercial.
Lo que escribo de Pontevedra no es un mal karma privativo de esta ciudad. Pasa en otras muchas. Es como si en Galicia tuviéramos una tradición fatalista de atrapar proyectos entre la maraña administrativa y los recortes presupuestarios. O sea, como lo que nos pasa con la fecha de terminación del AVE. O con el día en que la Autopista del Atlántico sea tutelada por la Xunta.
Si uno escribe en la barra de búsqueda del navegador «proyecto polígono comercial Granxa do Vao» encontrará miles de resultados. Si tienes la paciencia de chequearlos, encontrarás antecedentes desde hace mucho tiempo. Exactamente 20 años, pues el proyecto fue postulado por la promotora inmobiliaria Ponteno en el… 2002.
Burocracia interminable
Resulta que, por fin, mañana lunes en la junta de gobierno municipal podría aprobarse el último trámite -se supone- consistente en la licencia para el proyecto de urbanización de los 42.000 metros cuadrados entre la autopista y la carretera de Vilagarcía, donde se asentará el parque comercial.
Media docena de gobiernos municipales de la ciudad de Pontevedra, siempre capitaneados por un mismo alcalde que se jacta públicamente de no ponerse al teléfono si le llaman de Ikea, Eroski o similares, han tenido entre manos este proyecto. Podría pensarse que tanto los concejales del BNG como del PSOE que han llevado en estas dos décadas las responsabilidades de Urbanismo y Promoción Económica pusiesen poca ansia en acelerar la tramitación, como mecanismo para defender los intereses del comercio de proximidad local.
Habiendo una indudable responsabilidad municipal en la demora, sin embargo, el reparto de culpas es compartido con otras Administraciones que han intervenido, informado y tramitado el proyecto. Varios departamentos del Gobierno Central y unas cuantas consellerías de la Xunta, hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, han entendido de este proyecto. Ha habido papeleos e informes de todo. Afecciones de viales, pantallas vegetales, servidumbres aéreas… Hasta un regato que Augas de Galicia impidió entubar ¡Ni que se tratará de una central termonuclear!
Como si en Pontevedra estuviésemos sobrados de suelo para desarrollos empresariales. El Polígono de O Campiño se saturó y tuvo que ampliarse hacia A Reigosa, es decir, hacia Ponte Caldelas. Y en el entorno han surgido otras ofertas de suelo industrial, como el parque empresarial de Barro-Meis que se ha llevado unas cuantas inversiones que Pontevedra ya no tuvo capacidad de atraer ni de retener.
No podemos obviar que mientras el emprendimiento Granxa Comercial O Vao estaba enredado en los tentáculos burocráticos, algunas de las multinacionales que habían firmado preacuerdos para su instalación allí, desistieron y buscaron otros emplazamientos para abrir en Pontevedra. Lidl es un evidente ejemplo, pues en este tiempo ha abierto dos establecimientos en la ciudad. ¡Y qué decir de las cadenas de comida rápida! La Avenida de Lugo se ha convertido en la Fast Food Avenue: McDonald’s, Burger King y en breve KFC.
Otras empresas que firmaron preacuerdos incluso han desaparecido o se han fusionado. Parece claro que de cuantas se habló, las multinacionales francesas Decathlon y Leroy Merlin así como la cooperativa vasca Eroski aún seguirían interesadas. Hay que tener mucho pulmón financiero y tesón empresarial para mantener esta promoción contra viento y marea como han hecho los hijos de Ceferino Nogueira que gobiernan la inmobiliaria Ponteno. Evidentemente, sí aún creen en la viabilidad del proyecto y quieren desarrollarlo 20 años más tarde, es que confían en su rentabilidad económica. Lo contrario sería un suicidio.
El colmo de los despropósitos es que una vez el Concello otorgue a Ponteno la licencia definitiva, se pondrá el reloj en marcha: la promotora tendrá tan solo 6 meses para iniciar el proyecto de urbanización de la parcela y 12 meses para concluirlas. Y son plazos inamovibles. Es decir que el Concello y demás Administraciones públicas pueden retardar la tramitación de un proyecto durante 20 años y luego se les exige a los promotores que metan el turbo y materialicen en un año los viarios, un aparcamiento en superficie con 464 plazas; más de 4.400 metros cuadrados de zonas verdes y las dos parcelas de cesión al Concello y equipamientos. Y por supuesto, acometer luego la construcción de la nave de 22.000 metros cuadrados en dos plantas divididas en tantos espacios como necesiten las empresas que finalmente se instalen.
Somos un país tan burocratizado que la iniciativa empresarial necesita píldoras vigorizantes y toneladas de paciencia para no renunciar cuando tropieza con la telaraña de las Administraciones, funcionarios y políticos que no saben y ni siquiera sienten empatía con quienes quieren emprender. Aunque vivan y cobren de nuestros impuestos.