Ence asegura que su prioridad es continuar en Pontevedra y reclama seguridad jurídica

Ence lanzó esta semana una dura advertencia. La pastera señala que, si no se modifica la redacción de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que se está tramitando en las Cortes, se cerrará «rápido» la planta de Lourizán. Al margen del comunicado oficial de la empresa, comenzó a circular un vídeo en el que el presidente de la firma, Ignacio Colmenares, iba bastante más allá. En esa grabación, señalaba cuestiones como si en tres semanas no se cambia la normativa y se termina aprobándose tal y como está planteada se producirá un «cierre inminente» de la planta de Lourizán. Luego, habla de que la fábrica de Pontevedra -en la que la firma dice que no invierte por la falta de seguridad jurídica-, tal y como está «puede dar un susto ambiental que afecte a la población».

La compañía indicó que esta es «una grabación ilegal y sacada de contexto» e insistió en su posicionamiento: la apuesta por la planta de Lourizán y la necesidad de tener garantías jurídicas para invertir. La empresa insiste en que esa grabación, de cuatro minutos, fue sacada de contexto. Y que si se escuchase la alocución entera de Colmenares, de más de tres cuartos de hora, «se comprobaría que no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención». En ese sentido, Ence asegura que el complejo de Ence es «absolutamente seguro» y que sus equipos también lo son.

Con respecto al asunto de su continuidad o no, Ence indica que su primera opción es mantener «la actividad, el empleo y las inversiones» de su fábrica de Pontevedra, como parte de su apuesta por Galicia, por el empleo y por la sostenibilidad. Pero la compañía insiste en que, para ello, precisa seguridad jurídica. ¿En qué se traduce, hoy por hoy, esa seguridad jurídica que pide?

Dos problemas distintos

Hasta ahora, el problema más acuciante de la compañía era el recurso presentado contra la prórroga que el otorgaron para seguir 60 años más en Lourizán. Ese asunto no está resuelto, ni mucho menos. Todo lo contrario, hay que recordar que la Abogacía del Estado se allanó -es decir, decidió no defender esa prórroga y apoyar a quienes piden su anulación- y que ahora la Audiencia Nacional tiene que dictaminar. Ence paró las inversiones en Pontevedra desde que el Estado se allanó, al considerar que no tiene garantizada la prórroga.

Pero ahora hay otro problema más inmediato. Ence considera indispensable para no cerrar Lourizán de forma inmediata que se modifique la actual redacción del artículo 18.4 de la ley del cambio climático. La compañía entiende que, tal y como está planteado, significa que ese punto, que regula las concesiones de Costas y sus períodos, tiene carácter retroactivo y que, por tanto, le afecta directamente, porque solo podría ubicarse ahí hasta el 2033. Así, que quiere que se cambie el texto legal para que no tenga ese carácter retroactivo y solo ataña a proyectos empresariales futuros. Así lo explicitan desde Ence: «La modificación de la actual redacción el citado artículo 18.4 eliminaría las dudas sobre la retroactividad, lo que sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como el importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia».

Contacto institucional

La empresa señala también que ya invirtió 132 millones de euros en la fábrica desde que se otorgó la prórroga de la concesión, en el año 2016. «Una senda de inversión en la que continuaría ahondando, para que la planta siga avanzando en competitividad y sostenibilidad». Ence remacha, en la misma línea: «La empresa, en defensa de la actividad de esta planta y de las personas vinculadas a la misma, ha mantenido contacto institucional con el Gobierno, y quiere reafirmar su voluntad de solucionar esta cuestión siguiendo esa misma línea de diálogo, mantenida hasta ahora, hasta alcanzar un acuerdo».

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