El PP siembra dudas sobre el presupuesto municipal por un defecto de forma

Hubo una comisión extraordinaria apenas una hora antes del pleno

El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, durante el pleno de  este lunes
El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, durante el pleno de este lunes

Pontevedra / La voz

La corporación municipal de Pontevedra aprobó definitivamente este lunes el presupuesto para este año, que asciende a la cifra de 80,7 millones de euros y al que se espera incorporar otros veinte millones de remanentes de tesorería cuando se liquiden las cuentas del 2020.

Lo que debería de ser un mero trámite -el debate político se produce cuando se aprueban las cuentas de manera inicial y eso sucedió a mediados de enero- dio pie esta vez, a causa de una rocambolesca sucesión de comisiones para dictaminar las alegaciones presentadas, a una dura advertencia del portavoz del PP, Rafa Domínguez: con la tramitación que se ha seguido, afirmó, «cualquiera puede ir al contencioso-administrativo y tumbar los presupuestos. Son nulos de pleno derecho».

Aunque el gobierno local desmintió después del pleno esa contundente afirmación, el PP logró arrojar la sombra de la duda sobre la legalidad de las cuentas de Pontevedra para el actual ejercicio.

¿Qué es lo que pasó? El problema se dio en la tramitación de las alegaciones que se recibieron tras la aprobación inicial del presupuesto, el pasado 15 de enero. Había tres alegaciones. Una de la asociación Umia Vivo y dos del sindicato USO. De estas últimas, una se presentó fuera de plazo y la otra se traspapeló ya que se presentó en A Coruña. El pasado viernes se convocó una comisión para dictaminar las de Umia Vivo y la que se suponía que estaba fuera de plazo. Antes de empezar se advirtió de la existencia de la otra de USO, que necesitaba informes para su dictamen. El mismo viernes se convocó una segunda comisión, una hora después de la inicial. Finalmente, para dar tiempo a los informes se acordó celebrar la comisión el lunes a las 11, apenas una hora antes del pleno.

En la comisión del viernes, el PP dio su conformidad verbal a esta convocatoria, pero un par de horas después el portavoz municipal llamó a la alcaldía para rechazarla porque no se ajustaba a la obligación legal de convocarla con dos días de anticipación y antes de que se convocara el pleno, hecho que se produjo tras la junta de portavoces del miércoles.

Aprobar la urgencia

Así las cosas, ayer se llegó a la comisión extraordinaria de Facenda y había que aprobar la urgencia de la convocatoria. El PP votó en contra, pero los votos del gobierno local permitieron celebrar la comisión, en la que se desestimaron las alegaciones.

Una hora después se celebrara el pleno, y ahí fue donde Rafa Domínguez mostró sus dudas sobre la legalidad de aprobar definitivamente el presupuesto. Tanto por ese rocambolesco baile en la convocatoria de las comisiones como por el hecho de que para desestimar la del sindicato USO -la que sí entró en plazo- es necesario un informe del área de Personal, ya que se refería a la relación de puestos de trabajo.

«Falta documentación y las comisiones no fueron convocadas en tiempo y forma -aseguró Domínguez-. Si se aprueban hoy los presupuestos, estos incurrirán en un defecto de forma gravísimo. Cualquiera puede ir al contencioso-administrativo y los tumbaría. Les ofrezco esperar unos días, hacer las cosas bien y convocar otro pleno a finales de esta semana para aprobarlo».

El gobierno local optó por ni siquiera responder en el pleno a las dudas sembradas por el portavoz del PP y el asunto se votó, por lo que el presupuesto quedó aprobado de manera definitiva.

Desde el gobierno local se contestó posteriormente a consultas de La Voz de Galicia restando trascendencia a las dudas del PP y aludiendo a un informe que concluye que las alegaciones fueron desestimadas dentro de la legalidad y que los presupuestos solo pueden ser impugnados, y eso en casos muy excepcionales, por los grupos políticos que forman parte de la corporación.

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