La acusación por falsificación documental en la cofradía de Carril, al juzgado penal
PONTEVEDRA CIUDAD
El patrón mayor y la exsecretaria del pósito tendrán que comparecer en Pontevedra
30 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Esta misma semana, el juzgado de instrucción número 3 de Vilagarcía ha emitido un auto en virtud del cual se decreta la apertura de juicio oral contra el patrón mayor de Carril y la exsecretaria del pósito, con la cofradía como responsable subsidiario, por un supuesto delito de falsificación de documento público cometido por funcionario público, una categoría en la que, según diversas sentencias citadas en el auto, encajan tanto la exsecretaria como el mismo patrón mayor. La causa deberá ser vista en el juzgado de lo penal de Pontevedra, y a los acusados se les ha exigido el depósito de 39.000 euros para «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que se le impondrían en caso de que la sentencia resultase condenatoria.
Todo este asunto comenzó en una reunión de la junta general celebrada el 27 de octubre de 2017. En el transcurso de la misma, según refiere el acta, varias mariscadoras -que ahora ejercen la acusación- habrían proferido gritos e insultos contra el patrón mayor. El acta, aseguran ellas, «modificaban sustancialmente las manifestaciones vertidas por las cuatro miembros, pertenecientes a la agrupación de marisqueo a pie, que fueron recogidas fielmente en la grabación realizada por doña María Jesús González Culler», según el escrito de la acusación presentado en su día.
En base al referido acta de la junta general, desde los órganos de gobierno de la cofradía se le abrieron expedientes a las mariscadoras referidas y, pese a las protestas de estas, en enero del 2019 se les impusieron multas que finalmente les fueron retiradas.
Esos hechos desembocan en el momento actual. El juzgado de instrucción número 3 de Vilagarcía deriva el caso al de lo Penal de Pontevedra. Será este quien deberá juzgar los hechos en un juicio oral en el que los acusados se enfrentarán a una petición de pena de tres años y ocho meses de prisión, y una multa de ocho meses, a razón de diez euros al día. Para ellos también solicita la acusación particular una indemnización para las dos mariscadoras que denunciaron los hechos y que reclaman, cada una de ellas, quince mil euros en concepto de daños morales.