El concurso para su adjudicación vuelve a quedar desierto
07 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Por tercera vez desde el año 2015, el Concello de Pontevedra vuelve a fracasar en el intento por adjudicar la explotación del aparcamiento subterráneo Veteris, en la calle Antón Fraguas. La junta de gobierno local declaró desierto este lunes el concurso que se había convocado el pasado mes de noviembre. Esta vez, con una sola oferta sobre la mesa -de la empresa Veteris, que construyó la instalación y que la viene gestionando desde el año 2010-, pero un «defecto de forma» en la documentación impidió la adjudicación.
Según se informó desde el Concello, se iniciará un nuevo procedimiento para tratar de adjudicar la gestión del estacionamiento.
La instalación abrió en el año 2010 con más de 600 plazas, de las que 443 son de uso rotatorio y 218 particulares vinculadas a los edificios de ambos lados de la citada calle. Es precisamente la existencia de plazas particulares ubicadas en subsuelo de domino público una de las principales trabas para legalizar el estacionamiento, sobre el que pesan ya varias sentencias. Una de ellas anuló en su día la adjudicación directa que se concedió a la empresa que lo construyó.
Desde el año 2015 se suman ya tres intentos fracasados para adjudicar la concesión. Todos fueron declarados desiertos. El primero fue a través de un concurso la libre concurrencia; el segundo, en un proceso negociado y sin publicidad al que se invitó a concurrir a cuatro empresas del sector, incluida la promotora Veteris; el tercero, el que se cerró oficialmente ayer.
En noviembre, la explotación del estacionamiento salió a concurso por un período de 66 años, y la empresa adjudicataria tendría que hacer frente a un canon anual de 24.000 euros más IVA, además de un pago inicial cercano a los tres millones, que el precio que se fijó por la obra ejecutada por Veteris. En su día, cuando se otorgó la concesión directa a la promotora se incluyó una cláusula en la que se fijaba como indemnización el coste de la obra. Es decir, que si entraba una nueva empresa, tendría que abonar una cantidad a modo de canon inicial para sufragar la obra y que ese importe sería la indemnización a pagar por el Concello a Veteris.
Ese abultado canon inicial -que se va reduciendo a razón de 45.000 euros anuales- ha sido la principal razón por la que ninguna empresa optó al la concesión. La otra es la incertidumbre jurídica que pesa sobre la instalación.