Ence espera una primera sentencia sobre Lourizán «en los próximos meses»
PONTEVEDRA CIUDAD
Ence Energía y Celulosa incluyó en su balance del año pasado una extensa explicación de la situación jurídica de la fábrica de Pontevedra y el coste de su «improbable» cierre, cifrado en 74 millones de euros. En la comunicación realizada este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la pastera señaló que el proceso judicial que se sigue en la Audiencia Nacional contra la prórroga de la concesión, tras la demanda del Concello de Pontevedra y dos organizaciones ecologistas «se encuentra en su última fase» y añadió que «se espera una primera sentencia en los próximos meses». En este sentido y aunque no se especifique en el informe, todas las partes de este litigio anunciaron ya en su día que aquellos que estén disconformes con el resultado recurrirán en casación. En su informe la a CNMV y a sus inversores, la compañía indicó que «el proceso legal se podría prolongar hasta cuatro años, incluyendo los recursos que se formulen ante las más altas instancias judiciales». Y es que tanto Ence está dispuesta a llegar hasta el último recurso que tenga a su disposición, incluida la UE.
En su informe a la CNMV también se detalla que las inversiones realizadas o comprometidas desde la prórroga de la concesión en el período 2016 a 2019 ascienden a cerca de 130 millones de euros. La inversión de 250 millones de euros, «inicialmente prevista para ampliar la capacidad de la biofábrica de Pontevedra se destinarán ahora a la de Navia». Ence congeló sus inversiones a medio y largo plazo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez cambió el criterio de Costas y se allanó en los litigios en Madrid.
El «improbable» cierre
La compañía también ha desglosado por primera vez en su comunicación a la CNMV el coste del «improbable» cierre de la planta de Lourizán por un fallo judicial contrario. «La salida de caja estimada sería de 74 millones de euros». Se dividiría de la siguiente manera: 43 millones se corresponderían a los gastos de desmantelamiento del complejo industrial pontevedrés, otros quince millones se destinarían al coste del expediente de regulación de empleo de extinción total y otros 16 millones a la cancelación de contratos existentes.