El Concello intenta resolver por fin el futuro del párking Veteris

El gobierno local de Pontevedra quiere cerrar de una vez uno de los capítulos urbanísticos más bochornosos de la historia reciente de la ciudad: el futuro del aparcamiento subterráneo Veteris. Una instalación que abrió en el año 2010 tras una década de trámites, que se ubica en parte bajo la calle Antón Fraguas y sobre el que pesan varias sentencias. Estas anularon en su día la adjudicación directa que se concedió a la empresa que lo construyó y ponen en riesgo la viabilidad de un estacionamiento que suma más de 600 plazas, de las que 443 son de uso rotatorio y 218 particulares vinculadas a los edificios de ambos lados de la citada calle.

Es precisamente la existencia de plazas particulares ubicadas en subsuelo de domino público una de las principales trabas para legalizar el estacionamiento.

Finalmente, tras los varapalos judiciales, el Concello de Pontevedra elaboró durante el mandato pasado un pliego de condiciones para sacar a licitación la explotación del párking, pero se encontró con la indiferencia no solo de las empresas del sector, sino también de la promotora que lo construyó y lo gestiona desde el año 2010. En dos ocasiones desde el año 2015 se declaró desierto el concurso para adjudicar la concesión. La primera, a través de un concurso la libre concurrencia; la segunda, en un proceso negociado y sin publicidad al que se invitó a concurrir a cuatro empresas del sector, incluida la promotora Veteris. Ninguna aceptó las condiciones planteadas por el Concello.

Por 66 años

Ahora se vuelve a intentar, tal y como confirmó ayer la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías (BNG). El nuevo pliego incluye ciertas modificaciones con respecto al que fracasó dos veces en el anterior mandato, si bien desde el Concello no se especificó cuáles. Gulías se limitó a explicar que se atendieron «alegacións feitas pola comunidade de propietarios e tamén por particulares».

Lo único que trascendió es que la explotación del estacionamiento sale a concurso por un período de 66 años, y que la empresa adjudicataria tendrá que hacer frente a un canon anual de 24.000 euros más IVA.

Lo que no trascendió es qué pasará con el coste de la obra de construcción del estacionamiento, valorado en algo más de 3 millones de euros en el 2009. En su día, cuando se otorgó la concesión directa a Veteris se incluyó una cláusula en la que se fijaba como indemnización el coste de la obra. Es decir, que si entraba una nueva empresa, tendría que abonar una cantidad a modo de canon inicial (3,1 millones de euros) por la obra ejecutada, y que ese importe sería la indemnización a pagar por el Concello a Veteris.

Ese abultado canon inicial -cuya cuantía se va reduciendo a razón de 45.000 euros anuales- ha sido la principal razón por la que ninguna empresa optó al la concesión. La otra es la incertidumbre jurídica que pesaba sobre la instalación.

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