El patio de mi cárcel


Hace un año, este periódico me dio la oportunidad de publicar un artículo de opinión en el que señalaba la conveniencia de dar visibilidad al trabajo de los funcionarios de prisiones, tan desconocido para la sociedad. Debido a la labor de difusión realizada por sindicatos y asociaciones, hoy resultan familiares noticias sobre problemas que antes permanecían ocultos tras las rejas de la prisión. No se trata de una información prolija, sino de una pequeña muestra. Somos conscientes de que ni la sociedad ni los medios de comunicación estarían preparados para recibir todo el torrente de morbo que un entorno como el nuestro genera día tras día.

Dos son las razones que nos han llevado a actuar así. En primer lugar, esperamos que el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre las dificultades de nuestro trabajo, le permita entender lo legítimo de nuestras reivindicaciones laborales. Pero hay otro motivo, más humano, que hunde sus raíces en la frustración: sabemos que a la Administración penitenciaria, simplemente, no le gusta. Claro que a nosotros tampoco nos gusta el amargo jarabe que nos han recetado. Contiene engaños, ninguneo, criminalización, expedientes disciplinarios y arbitrariedades, entre otros ingredientes tóxicos.

Desde que trabajo en la prisión de A Lama, he visto entrar jinetes a caballo, carreras de karts, y espectáculos musicales. Instituciones Penitenciarias es libre de fomentar la difusión de estas actividades en los medios, y tengo claro que no nos atañe a los trabajadores cuestionar la orientación de sus políticas. Lo que sí nos corresponde es exigir que nuestro trabajo se desarrolle con las debidas garantías de seguridad, con efectivos suficientes y reconociendo su especial penosidad. No es lo mismo tramitar instancias que sufrir agresiones; pero es que a nosotros nos puede tocar recibir ambas cosas en el mismo día. Entre todos los profesionales implicados, apagamos incendios, salvamos vidas, solucionamos problemas vitales, o ayudamos a resolver las adicciones y la ignorancia que están detrás de muchas trayectorias delictivas. En los casos intratables, hacemos frente a situaciones duras con medios escasos y, en última instancia, somos garantes del principio de autoridad del Estado frente a quienes desafían la convivencia.

A día de hoy no aspiro a que los niños quieran ser funcionarios de prisiones, en vez de policías o médicos, y si eso sucediera empezaría a preocuparme. Pero si he de soportar el estigma de ser sospechoso de corrupto, incapaz, bruto o torturador, y ser el malo en el argumento de las películas, y, últimamente, en las Instrucciones que dicta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al menos que me paguen por ello.

Es una pena que ni siquiera se hayan satisfecho algunas de las mejoras que llevamos años demandando y que no costaban un solo euro. Por ejemplo, reconocernos como agentes de la autoridad, o cambiar la denominación del «Cuerpo de Ayudantes» por otra más digna. No haber hecho nada, después de tantas promesas, denota una clamorosa falta de voluntad, para desconcierto de muchos cargos socialistas que en su día nos brindaron su apoyo.

El conflicto laboral lleva más de dos años enquistado y va por el tercer gobierno. Ojalá que los asesores de esta generación de políticos mal avenidos, los convenzan de que a España (esta vez sí) le vendría bien tener un gobierno. A nosotros, desde luego, nos vendría bien tener un interlocutor.

Y así es como está el patio.

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