Impulsan desde Pontevedra un plan para proteger el arte rupestre

Apuestan por otro modelo de gestión para evitar su destrucción o desaparición


pontevedra / la voz

La idea surgió tras el último encuentro de conservadores restauradores celebrado en Pontevedra el pasado noviembre y que versó sobre arte rupestre. Un documento de investigadores, asociaciones y agentes acompañado de 300 firmas se remitió al Ministerio de Cultura. No hubo respuesta y uno de sus impulsores, Fernando Carrera Ramírez, decidió ampliar la solicitud al conjunto de la sociedad. Por eso en mayo abrió una petición en change.org.

España y Portugal reúnen, según los especialistas, la mayor cantidad de yacimientos decorados desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Hierro de toda Europa. «Un conjunto excepcional, ilustrativo de la capacidad creativa de la más antigua humanidad ibérica», se dice en la propuesta. Sin embargo, es preocupante su vulnerabilidad y el grave riesgo de alteración de un patrimonio cuya protección debe ser garantizada para las futuras generaciones. No basta, entienden, con que ese patrimonio tenga la calificación de bien de interés cultural (BIC) que le reconoce la ley 16/1985 y que una parte significativa esté incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

La propuesta, a la que se han sumado 543 firmas, pide al Ministerio de Cultura que desarrolle «un plan de protección ambicioso» que permita una planificación coordinada para la mejora del reconocimiento social del patrimonio rupestre. Gobierno, pero también comunidades autónomas y ayuntamientos deben ir de la mano, sostienen, junto a otros agentes. En concreto, lo que se reclama es consolidar y rematar el proceso de catalogación y documentación de todos los conjuntos, incluyendo su estado de conservación y riesgos de deterioro; impulsar la mejora del conocimiento; e implementar acciones decididas y consensuadas de protección activa.

Todas esas propuestas deben ir acompañadas, se explica, de protocolos estandarizados que faciliten su empleo por las diversas Administraciones y entidades de protección. Defienden que, aunque el patrimonio cultural es una de las competencias transferidas a las autonomías, una acción global favorecería por igual a todas las instituciones y proyectaría esa enorme riqueza patrimonial.

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