«A nuestros hijos los acusaron de violación y era mentira»

Dos madres pontevedresas tratan de limpiar el nombre de sus hijos después de que este jueves un juzgado sentara en el banquillo a la supuesta víctima por una denuncia falsa

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«Te llega una carta que te dice que tu hijo está involucrado en una violación y era mentira» Dos pontevedresas luchan por recuperar el buen nombre de sus hijos que fueron denunciados en falso y detenidos como autores de una violación. La Fiscalía solicitó dos años de internamiento en régimen abierto para la denunciante, que era menor de edad en el momento de los hechos.

Pontevedra / La Voz

«Te llega una carta que te dice que tu hijo está involucrado en una violación. No sabes como reaccionar». Corría el mes de noviembre del 2016 cuando los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Pontevedra detenían a tres jóvenes, dos veinteañeros y un menor, del barrio de Monte Porreiro por la supuesta violación a una adolescente. Quedaron en libertad con cargos y el caso se judicializó. Seis meses después, la Justicia exoneraba a los tres pontevedreses y se abría diligencias contra la denunciante. Este jueves, la joven se sentó en el banquillo por una supuesta denuncia falsa.

Fueron «seis largos meses, que hay que pasarlos», tiempo en el que, según criticaron las madres, no se hicieron pruebas forenses para determinar la realidad o no de la denuncia. «Era mentira todo», subrayó María Antonia Portela, quien estuvo acompañada en todo momento por Raquel Díaz y por su abogado.

Aseguran que ahora, que se ha demostrado la inocencia de sus hijos, solo quieren justicia. «Hoy nos lo hizo a nosotros, mañana se lo puede hacer a otra familia», acota Raquel Díaz.

Durante la vista oral, celebrada por el Juzgado de Menores, la pontevedresa se acogió a su derecho a no declarar, mientras que los denunciantes relataron el calvario que les supuso la denuncia por ella interpuesta. Las fuentes consultadas incidieron en que la forense certificó que la joven sabía perfectamente que obraba mal cuando acudió a la policía, de tal modo que el fiscal mantuvo su petición inicial de dos años de internamiento en centro de régimen abierto, pena que es similar a la instada por la acusación particular. No obstante, en su caso, se reclama el pago de una indemnización de cien mil euros por los daños psicológicos y morales causados.

En este sentido, remarcaron las secuelas que aún hoy, tres años después, padecen sus hijos, al tiempo que incidieron en que, desde el primer momento, la sociedad se puso de parte de la denunciante sin respetar la presunción de inocencia. «Nosotros somos de etnia gitana y la familia intenta estar más unida, sobre todo cuando tenemos problemas. Si no llega a ser por esa parte, el niño no hubiera tenido ningún apoyo», explicó María Antonia, antes de lamentar que los ojos de todo el mundo se posara en sus hijos: «Para ellos, son los violadores, los juzgan y los tachan como tal».

Pilar, por su parte, no puede evitar recordar las pintadas, como sus hijos fueron perseguidos e, incluso, golpeados hasta el punto que «tuvimos que mudarnos de casa. Enfermé, me cayó el pelo y ahora estoy a tratamiento».

En el caso del de Maria Antonia, que tenía 16 años en el momento de la denuncia, tuvo que dejar el instituto «por tanto vacile. Le decían ''el violador'' o le preguntaban ''qué hiciste, venga, cuenta''. No ha podido levantar cabeza. Va tirando, lo vamos entreteniendo, va haciendo cosas, pero ya no es el mismo».

Las críticas de ambas pontevedresas también se dirigen a la madre de la adolescente por darle crédito a sus palabras sin cerciorarse de si lo que decía era verdad. «Creo que es una negligencia (...). Es como una pesadilla que piensas que no te va a pasar, pero, al final, pasa», concluye.

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