Aempe, la CEP y la AJE avisan del freno inversor en Galicia por la inseguridad jurídica de Ence

Las organizaciones empresariales sostienen que la fábrica de Pontevedra es «un lujo que no nos podemos perder»


Pontevedra / La Voz

Comparecencia pública de Aempe, la AJE Pontevedra y la CEP en defensa de Ence. Los presidentes de estas entidades, acompañados también por la Cámara de Comercio, advirtieron de la paralización de proyectos en la comarca y en Galicia con motivo del cambio de criterio del Gobierno sobre la prórroga de la concesión de la pastera en Lourizán. El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, indicó que se habían frenado «inversiones cienmillonarias», aunque señaló que no podía desvelar los sectores afectados. El presidente de Aempe, José María Corujo, pidió al Gobierno central que reconsidere su actitud porque ha creado una inseguridad jurídica que atañea toda la economía no solo de Pontevedra, sino de Galicia, tanto por el volumen económico afectado como por la cantidad de puestos de trabajo en peligro. Corujo pidió que Madrid deje trabajar a los tribunales, donde se están analizando los recursos: «Que se resuelva conforme a derecho y no al vaivén de otros intereses y elementos que no deben estar en esa discusión», en alusión a intereses políticos o electorales, como señalaron otros integrantes de la rueda de prensa de este miércoles en Pontevedra.

Las organizaciones empresariales hicieron piña en torno a Ence señalando las pésimas consecuencias que produce el precedente que sienta el cambio de criterio de la Abogacía del Estado después de que se diese una prórroga de la concesión en el 2016 a la factoría. La inseguridad jurídica, según estas asociaciones, crea tales problemas no solo a la pastera sino a todo el resto del sector industrial y empresarial de Galicia, que se están realizando consultas jurídicas con el ánimo de saber si es posible que la Cámara de Comercio de España se pueda personar en los contenciosos que se siguen en la Audiencia Nacional, como actores legítimos, para poder defender la prórroga y la interpretación inicial del reglamento de Costas y de la Ley del 2013. «Estamos jugándonos el futuro de nuestro territorio, pero en términos de Galicia y España», apuntó el presidente de la CEP.

Asimismo, incidieron en que Ence es una empresa puntera y viable que da trabajo a más de cinco mil personas en Galicia, de forma directa e indirecta, con 400 trabajadores en plantilla y que supone el 28 % del PIB de Pontevedra, además de cumplir los exigentes criterios ambientales de la legislación española y europea, por lo que no se entiende, desde el punto de vista de estos colectivos, la actitud del Gobierno central. Cebreiros matizó que «Ence es un lujo que no nos podemos perder». El vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la CEP, Javier Touza, incidió en que el traslado propuesto por el PSOE pontevedrés es «inviable» por las características necesarias para que una pastera de las dimensiones de Ence pueda ser operativa. Se necesita un puerto cercano, buenas vías de comunicación marítimas y terrestres, un núcleo de población próximo para surtir de mano de obra y otras cuestiones técnicas. «No se puede colocar en cualquier sitio», indicó Touza, al precisar que en Galicia no hay alternativa. En este mismo sentido se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Barros, que sostuvo que al defender a Ence se estaba defendiendo a todas las pequeñas empresas de la comarca, porque un fallo contrario a la pastera en los tribunales y la anulación de la prórroga de la concesión, tendría un «efecto dominó» que arrastraría a muchas otras empresas más.

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