En los últimos años los españoles hemos observado con preocupación la evolución del problema del independentismo catalán. Un grupo de políticos independentistas intentó llevar a cabo un referéndum ilegal para decidir sobre la independencia de Cataluña aludiendo a una necesidad de democracia real de la que España supuestamente carecía. El resultado es por todos conocido: los promotores del referéndum, en prisión pendientes de un juicio por Rebelión y Malversación de Caudales Públicos en unos casos, o prófugos de la justicia en otros.
Dos son los fracasos que ha protagonizado la sociedad española en este proceso. En primer lugar, se ha permitido, sin ninguna alternativa, la difusión del mensaje independentista de opresión de España a Cataluña, vendiendo una imagen irreal de que los catalanes sufren un estado opresor al igual que en la dictadura. El segundo fracaso, para mí es más grave, y es un fracaso colectivo de la sociedad española, ya que se ha instalado la idea simplista y demagógica de que votar es democracia, que preguntar no es malo, y que escuchar es bueno.
La sociedad española ha fracasado al explicar que democracia sin ley no es democracia. No se puede saltar la legislación vigente para convocar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña solo en Cataluña. Las decisiones sobre el futuro de Cataluña corresponden a todo el conjunto de los españoles, y no solo a unos pocos. La soberanía nacional está definida en los derechos básicos del mismo modo que la igualdad de todos los españoles independientemente de razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia.
Los españoles nos enfrentamos en las próximas semanas a dos procesos electorales fundamentales: uno nacional, y otro local y europeo. La política no ha sido inmune al proceso catalán, radicalizando en general a los independentistas por un lado, y favoreciendo la aparición de partidos que prometen dureza extrema contra los mismos por el otro. Ambos procesos son preocupantes cuando se analizan. La unión del BNG, con EH BILDU y ERC en las europeas (recientemente Otegi ha pedido reeditar está coalición en las nacionales) supone en la práctica una radicalización del BNG asumiendo las posiciones de extremistas vascos y catalanes, intentando sin duda, trasladar el problema independentista de las calles catalanas a las de Galicia. Este proceso es particularmente fuerte en Pontevedra, pues son sus concejales los que se reúnen periódicamente con Otegi, los que portan lazos amarillos, los que se manifiestan por la independencia de Cataluña y de Galicia, y los que jalean a su líder cuando va a la cárcel a recibir instrucciones de los presos. Los pontevedreses que votan al BNG de Lores deben ser conscientes de ello.
No me cansaré de repetir que cualquier parcela de poder que se otorgue a los independentistas en las próximas elecciones supondrá sin duda nuevos problemas de convivencia en nuestra ciudad.
Por otro lado, la aparición de nuevos partidos a la derecha no hace otra cosa que, paradójicamente, reforzar a los independentistas, pues con la actual ley electoral, la división del voto genera que votar a las nuevas formaciones suponga, en muchos casos, mas escaños y más concejales para los partidos independentistas.
Quiero destacar que, sin duda, el baluarte para los españoles en este proceso ha sido la Administración de justicia, curiosamente una de las pocas administraciones que no ha completado la descentralización. Desde la calma y la tranquilidad habitual ha sido capaz de juzgar los actos, no las ideas, de unos pocos que han intentado perpetrar el mayor robo de la historia: el de robar Cataluña a todos los Españoles.