Capacidad de reacción

Tres sucesos recientes obligan a una respuesta adecuada del Concello de Pontevedra para reducir posibles riesgos en el uso de los espacios públicos


Un nuevo desprendimiento de fachada en un inmueble de la ciudad; el primer accidente entre un patinete eléctrico y un vehículo a motor, y un nuevo atropello a un peatón en un paso de cebra, han sido tres sucesos que han marcado esta semana en Pontevedra. Cada uno de ellos por separado y todos ellos globalmente, enfatizan la necesidad de que las administraciones públicas y, en primer término, el Concello de Pontevedra demuestren capacidad de reacción. El riesgo siempre existirá, pero la adopción de medidas en tiempo y forma, puede mitigarlo. En esta ciudad ya tenemos ejemplos y experiencia acumulados.

ITV de edificios

Desde el año 2001, Pontevedra se anticipó a otras urbes de Galicia con una primera ordenanza municipal que obligaba a propietarios y comunidades de vecinos a reparar elementos exteriores y fachadas de sus edificios obteniendo un certificado que era renovable cada diez años. Fue la primera «ITV de fachadas», según bautizamos entre los medios informativos locales. Vino propiciada por una serie de caídas de losetas sobre la vía pública que en un caso desgraciado provocó un fallecimiento. Desde entonces esa normativa experimentó sucesivas modificaciones. Bien para adaptarse a la legislación estatal; ya por lo que establecieron sentencias judiciales. Con el último reajuste de la normativa que se ultimó en 2017, el Ayuntamiento estableció la obligatoriedad de que los edificios de 50 o más años de antigüedad pasen esa ITV que garantice la estabilidad y seguridad necesarias de las estructuras y elementos de cada inmueble. Sin embargo el grado de cumplimiento de la norma es pírrico. Algo tan alarmante como inherente a la mayoría de las urbes de Galicia. El trabajo de control es ímprobo, especialmente en ciudades como Pontevedra que cuenta con más de 400 inmuebles en ese grupo de edad de los que apenas una minoría ha cumplimentado la certificación técnica obligatoria. El riesgo mayor confluye en el centro histórico donde precisamente acaba de ocurrir el último desprendimiento de elementos de fachada, en el inmueble donde está residenciada la Librería El Pueblo, entre A Ferrería y San Román.

El Concello debe interpretarlo como un aviso de la necesidad de mantener una actitud vigilante y diligente para persuadir a los propietarios de inmuebles a pasar la inspección técnica que requiere la seguridad de todos.

Urge la «velocidad 10»

Lo lamento pero era cuestión de tiempo. Esta vez fue una usuaria de un patinete eléctrico la que resultó herida -menos mal que leve- al cruzarse con un coche que salía de un garaje en la calle Padre Fernando Olmedo. Pero cualquier otro día será un peatón quien resulte alcanzado por un patinete eléctrico o un ciclista que siguen circulando por las aceras a una velocidad impropia. Tenemos un conflicto sin resolver. Y no será porque no estuviéramos alertados.

El Concello encargó un informe a Fernando Nebot, técnico de Seguridad Vial que sirvió para que César Mosquera, concejal de Infraestructuras, disponga del argumentario perfecto para instaurar la “Velocidad 10” en las aceras de Pontevedra y empujar a las calzadas a los ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos que circulan por encima de ese límite. Lo contrario sería un dislate. Esta urbe es «modelo de cidade» por calmar el tráfico rodado recuperando espacios para el peatón. Y resulta que ahora las aceras se convierten en un territorio peligroso por la proliferación y descontrol de ciclistas, patinetes eléctricos y otros vehículos de tracción.

Colectivos como Comisiones Obreras y Pedaladas acaban de urgir al gobierno municipal a hacer los deberes. No se puede apremiar a los policías municipales a controlar lo que aún no está reglado; no se puede multar a los ciclistas si aún desconocen cuál será la normativa que se les exigirá.

«Lombos son amores»

La frase es de César Mosquera, pronunciada el viernes en Madrid durante una conferencia: «non son lombos, son demostracións de amor ás persoas» dijo el concejal y vicepresidente de la Diputación, organismo que promueve la instalación de unos 3.000 reductores de velocidad por toda la provincia. Quería convencer al auditorio en el Palacio de Cibeles de que la colocación de esos «lombos» demostrarían que «as personas son o prioritario» como se pretende ejemplificar con el caso de Pontevedra, aludiendo a que debe ser «un proceso que debe abranguer a toda a cidade, non só ós barrios centrais e históricos».

A buen seguro que colectivos vecinales de la periferia habrán tomado buena nota. Como en Mollavao donde acaban de reiterar la reclamación de «lombos», como una de las medidas a desplegar con el plan de reforma integral que reivindican. Alegan que es para obligar a vehículos y conductores a cumplir con la velocidad 30 en los pasos de peatones a fin de evitar atropellos como el sufrido esta semana por un peatón de 92 años en la avenida Rosalía de Castro, frente por frente al colegio Salvador Moreno. El paso, ya de por sí inseguro al no haber reductores de velocidad, se vuelve peligrosísimo al atardecer como atestiguó el conductor que, deslumbrado por el sol, alcanzó al peatón en ese reciente caso.

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