«Las prisiones son los lugares más opacos cuando se vulneran derechos»

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

RAMON LEIRO

El realizador catalán Ales Payá lamenta no haber podido contar con ningún responsable de Interior a la hora de hacer este trabajo

29 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Pontevedra fue una las ciudades en las que Ales Payá presentó su documental La cifra negra, película en la que se aborda la violencia institucional, y lo hizo en el marco de las Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria donde generó debate. «Esa es la intención», remarca el realizador catalán, quien resaltó que «me he tirado cuatro o cinco años para hacer un trabajo en el que me he basado en investigaciones de otros, de expertos. Yo no soy ningún experto y he recogido sus testimonios».

-¿Qué objetivos se marcó con este trabajo?

-Nos hemos marcado tres objetivos principales. El primero, hacer una panorámica de los diferentes contextos en los que se suelen producir diferentes vulneraciones de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos en el Estado español. El segundo, analizar la impunidad con la que se suelen cometer estos delitos, que es lo que nos parece más grave. Y en tercer lugar, mostrar al espectador ejemplos de pequeñas victorias que va consiguiendo la sociedad civil para avanzar en la erradicación de la tortura o de la violencia institucional.

-¿Podría ofrecer una panorámica de cuál es la situación de las prisiones?

-No puedo dar una respuesta que te sirva porque no he estado, no he entrado en ninguna...

-Pero, ¿qué visión aportan los expertos cuyos testimonios aparecen en La cifra negra?

-Pues que las prisiones son los lugares más opacos, es el contexto en el que, en el caso de que se produzcan vulneraciones a los derechos humanos, más difícil es probarlo. Son los lugares en los que más difícil es conseguir un elemento probatorio para demostrar esto.

-¿Se encontró a la hora de realizar el documental con algún muro?

-La principal complicación que hemos tenido ha sido no poder contar con la participación del poder ejecutivo. El Ministerio del Interior ha rechazado hasta en tres ocasiones nuestra propuesta de participación. Queríamos entrevistar a algún responsable de comunicación del ministerio y no fue posible. Incluso, la segunda vez que lo propusimos me intentaron intimidar por teléfono. Ha sido una falta no poder contar con la participación de lo que, para mí, es el mayor responsable de este tipo de situaciones.

-Después de lo que ha podido recabar, ¿cómo ve el futuro?

-El futuro está complicado, pero lo que es evidente es que si la sociedad civil no nos implicamos, si no nos preocupamos por estas cuestiones y no nos involucramos, no vamos a conseguir nada. He podido ver que cuando se han conseguido mejoras y avances es cuando la sociedad civil se ha implicado, han ejercido presión pública y se han organizado en diferentes colectivos que han trabajado sobre este tema. Por ejemplo, está la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que está haciendo un gran trabajo, que llevan desde el 2004 haciendo informes anuales y todos los casos que reciben los contrastan. Hay ejemplos, como el Sirecovi, que es el Sistema de registro y comunicación de la violencia institucional, que están yendo a prisiones a ver a personas reclusas que denuncian vulneraciones a los derechos humanos.

-En todo caso, en muchos ámbitos se tiene la percepción de que las prisiones son un mundo aparte, donde van los malos, se cierran con llave y ya les tocará salir cuando les toque...

-Ese es un grave problema. Es una actitud muy egoísta a mí parecer. Está claro que no es que sean los malos, eso es una manera muy simplista de verlo. Cualquier persona puede acabar en una prisión. Si analizamos los datos, las estadísticas, la gran mayoría de las personas que están en las cárceles es porque han nacido en un contexto en el que han tenido muchas dificultades para llevar su vida, para poder subsistir. La mayoría de delitos son por pequeños robos, por hurtos o por delitos de drogas.