El Puerto aguarda a que la Justicia decida si hay rellenos que derribar

Las cuentas anuales del 2017 inciden en dos reclamaciones empresariales por obras


marín / la voz

Continúa la incertidumbre en cuanto a los rellenos del puerto de Marín, según se refleja en las cuentas anuales del 2017 publicadas ayer en el BOE, ya que en sus consideraciones se indica que todavía está por decidir si hay terrenos por demoler y cuáles serían. En el informe portuario se desprende un relativo optimismo a partir de la sentencia del Supremo del 2017, que ordenó al Superior de Xustiza de Galicia que revise la situación de siete obras.

En la enumeración de hechos, se recuerda que el Supremo anuló el 30 de octubre del 2009 el Plan Especial del Puerto (PEP) del año 2000. Cabe recordar que el PEP es la fórmula que utilizan las Autoridades Portuarias para regular el urbanismo de su zona de servicio. Tras diversas vicisitudes procesales, el 11 de junio del 2015 el Supremo estimó el recurso de queja interpuesto por la Abogacía del Estado. Se argumentaba que la sentencia del 2009 ordenaba derribar los rellenos hechos al amparo del PEP y que no todos los rellenos se habían ejecutado bajo su amparo, «existiendo discrepancias sobre la superficie y ubicación de tales rellenos en los términos que ordenan las resoluciones recurridas, que exceden las declaraciones del fallo de la sentencia del 2009». Como consecuencia de este auto, el Estado recurrió en casación contra las resoluciones anteriores del TSXG y el Supremo, el 8 de febrero del 2017, le dio la razón a la Administración estatal.

Según el Supremo, ahora le corresponde al Superior de Xustiza de Galicia, tener en cuenta que la sentencia del 2009 solo se aplica a las obras de rellenos realizadas al amparo del PEP del 2000. Por lo tanto, el alto tribunal gallego tendrá que pronunciarse sobre siete intervenciones. Quedan excluidas las obras realizadas por medio de otro planeamiento. Entre estas siete tendrá que verse cuáles fueron proyectadas por los diversos instrumentos de planeamiento y cuáles, fueron las realizadas, así como si las obras ejecutadas y cubiertas por el PEP del 2000 tenían evaluación ambiental, por cuanto la inexistencia de este trámite fue la razón de la sentencia del 2009. El futuro sobre estos espacios «requerirá una decisión jurídica del TSXG, que debe concluir y concretarse en una precisa delimitación gráfica y planimétrica determinadora de los rellenos que deban retirarse», según evalúa el Puerto en sus cuentas anuales.

El Supremo, y aquí está uno de los puntos más relevantes de la resolución de febrero del 2017, ordena al TSXG que tenga en cuenta una alusión anterior, en el sentido de que la aprobación del PEP del 2013 «podría enervar la virtualidad de la sentencia del 2009». Es decir, que la pretensión de la Plataforma de Os Praceres, a favor de los derribos, podría verse muy limitada.

Calados y un muelle

Las discrepancias surgidas con la adjudicataria en la resolución del contrato de una de las obras del puerto -la mejora de calados en los accesos marítimos de la zona comercial- remató también en los tribunales. El 28 de diciembre se dictó sentencia parcialmente estimatoria de la demanda presentada por la UTE Reboredo, la demandante aludida, que obliga al Puerto a pagar una indemnización. En la actualidad, se encuentra en marcha un recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado que aún no se ha fallado.

Un tercer proceso judicial se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Pontevedra, a raíz de una demanda de Sacyr Construcción, adjudicataria del muelle comercial oeste, donde se reclama al Puerto el pago de determinadas cantidades en ejecución del contrato. Está pendiente de celebrarse la vista previa y el juicio.

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