El Concello de Pontevedra tramitó ya 82 alegaciones a la revisión catastral
PONTEVEDRA CIUDAD
La oficina municipal para asesorar a los posibles afectados seguirá abierta en el Pazo da Cultura hasta finales de octubre
16 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso de revisión que la Dirección General del Catastro, organismo dependientes del Ministerio de Hacienda, está llevando a cabo para sacar a la luz construcciones auxiliares en viviendas y fincas del rural está generando una amplia actividad en Pontevedra. La revisión pretende sacar a la luz instalaciones como galpones, garajes o piscinas. Lo único que no entra en la inspección son los hórreos.
Ante la posibilidad de que dicha revisión pudiera afectar a unas 6.000 de las 8.000 viviendas existentes en el rural de Pontevedra, el Concello puso en marcha a mediados de julio una oficina de asesoramientopara posibles afectados. Desde su apertura atendió cerca de 290 vecinos y tramitó la presentación de 82 alegaciones a liquidaciones planteadas por el Catastro. Teniendo en cuenta que abre tres días a la semana, los técnicos que atienden esta oficina asesoran cada día a una media de 15 vecinos.
Precisamente, a la vista de esa elevada actividad se decidió mantener la oficina abierta al menos hasta finales de octubre. Seguirá funcionando en el Pazo da Cultura los lunes miércoles y viernes, en horario de mañana y preferentemente concertando cita previa a través del teléfono 986 237 357 o de la dirección de correo electrónico ibipontevedra@laya.es.
Hay que recordar que el Catastro cobra de oficio una tasa de 60 euros por la revisión de cada parcela rural, a lo que hay que añadir la cuantía correspondiente a dar de alta esas propiedades auxiliares. Además, en algún caso se puede llegar a exigir el abono de un recargo al tener la revisión carácter retroactivo.
El gobierno local de Pontevedra se posicionó desde el principio en contra de esta revisión que viene llevando a cabo el Catastro en Galicia desde hace cinco años. Si bien sobre el papel se trata de sacar a la luz «edificaciones ocultas» por las que hasta ahora no se tributaba, desde el Concello no se comparte la idea de gravar casetas, galpones, cobertizos y otros elementos más vinculados a la actividad propia del campo. De hecho, se estima que la revisión «supón ir en contra da estrutura tradicional do rural galego».
Por el contrario, el Concello sí comparte que se persiga el fraude en aquellos casos en que se den otros usos a esas edificaciones tradicionales.
Además, el gobierno local subraya la «repercusión mínima» que tendrá esta revisión en las arcas municipales -ya que las nuevas altas tendrán que tributar en el impuesto de bienes inmuebles-, que contrapone con los perjuicios económicos que genera para los afectados debido a esa tasa de oficio de 60 euros por revisión.