Administraciones tozudas ante la Justicia

La victoria judicial de los vecinos de Mourente, a los que se reconoce la propiedad de los terrenos sobre los que se asienta Montecelo, se suma al elenco de casos similares


Las Administraciones públicas, cuanto mayor tamaño tienen, más tozudez exhiben para enfrascarse en largos pleitos judiciales por la titularidad de terrenos que discuten a quienes, finalmente, acaban siendo reconocidos por la Justicia como auténticos propietarios. Acaba de comprobarse, una vez más, en el caso del solar donde se levantó la Residencia Sanitaria Montecelo, cuya propiedad es de la Comunidad de Montes de Mourente, como recientemente falló el Tribunal Supremo y les contábamos el pasado 2 de agosto en La Voz.

La decisión del alto tribunal, no susceptible de recurso y por tanto firme y definitiva, zanja un pleito antiguo que enfrascó al Ministerio de Sanidad (a través del Instituto Nacional de Previsión, antecedente del Insalud) que discutía la titularidad a los vecinos apelando a que la parcela donde se levantó el hospital fue cedida por el Ayuntamiento de Pontevedra. Ciertamente fue donada. Pero el Concello actuó sobre una parcela cuya propiedad no le correspondía, pero que se atribuyó unilateralmente. Fue en la década de los 70, con el general Franco aún vivo y la dictadura vigente.

Antecedentes

Lo ocurrido con la parcela donde se asienta el actual Montecelo es similar a lo acaecido con los terrenos donde se construyeron las instalaciones de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable, titularidad reclamada y ganada por vecinos de Salcedo y Figueirido. Incluso anteriormente con la carballeira de San Xusto, cuya propiedad hubieron de pelear en sede judicial los vecinos de San Xurxo de Sacos frente al intento del Arzobispado de Santiago de hacer valer la inscripción registral que efectuó el entonces párroco de aquella feligresía.

Como se ve el Ejército y la Iglesia católica, sendas administraciones de tamaño mastodóntico, pelearon en los tribunales hasta agotar el repertorio de apelaciones y recursos hasta que sus tesis fueron definitivamente derrotadas. No es de extrañar que hayan tenido que transcurrir casi cincuenta años para que el derecho de propiedad sobre los terrenos de Montecelo, esgrimido por la Comunidad de Montes de Mourente, haya sido reconocido jurídicamente. En los tres casos citados, los comuneros fueron ganando los pleitos de modo escalonado ante las sucesivas instancias judiciales a las que fueron recurriendo las Administraciones demandadas.

Incluso los vecinos han tenido que sortear que se alegase, como en el caso de los terrenos que ocupa la Brilat desde finales del siglo XIX, derecho de usucapión, como llegó a esgrimir la Abogacía del Estado. Se conoce por semejante palabro al derecho de propiedad que se gana por prescripción adquisitiva mediante el transcurso de cierto tiempo y en determinadas condiciones, siendo indispensable que haya incertidumbre sobre la propiedad de los terrenos, lo que evidentemente no ocurría ni con la Brilat ni con los restantes ejemplos.

Gran Montecelo

La conclusión del pleito judicial sobre la titularidad de los terrenos de Montecelo que se reconoce y atribuye sin discusiones a los vecinos de Mourente, llega en puertas de la tramitación del proyecto de ampliación hospitalaria anunciado por la Xunta de Galicia para resolver el déficit que padecemos en la capital y área sanitaria norte de la provincia.

Hasta ahora, diversos portavoces vecinales de Mourente, al ser preguntados sobre si demandarán un canon económico por los terrenos ya ocupados por la residencia sanitaria, han desestimado esa posibilidad. Pero la construcción del Gran Montecelo, también sobre terrenos propiedad de los comuneros de Mourente, abre la posibilidad razonable de que los vecinos exijan alguna contraprestación. Por ejemplo, el negocio de la explotación del nuevo párking que se contempla, caso de no ser público.

Mayor obligación de esclarecer el incendio del catamarán en O Grove

El fallecimiento de uno de los heridos en el accidente del Boramar convierte el suceso en tragedia y obliga, aún más, a esclarecer las causas y a depurar las responsabilidades que sean menester. Lo reclamábamos el domingo pasado desde esta contraportada. El caso del catamarán turístico que ardió el 24 de julio en aguas de la ensenada de O Grove, frente a Punta Cabreira, no puede ahogarse bajo una losa de silencio oficial. Que doce días después del accidente apenas haya noticia del avance de las investigaciones resulta inquietante.

Temo que las Administraciones públicas estuvieran tomándose muy calmosamente el episodio, ya que, pese al susto, el balance era incruento. La confirmación de una primera víctima mortal entre los heridos más graves, que aún permanecen hospitalizados entre el Chuac y Povisa por quemaduras de segundo y tercer grado, debería barrer cualquier atisbo de relajación entre los organismos aludidos.

Desde la Capitanía de Marina hasta la Consellería do Mar y Portos de Galicia, pasando por el Gobierno central. Sería una irresponsabilidad muy grave que alguien pretenda ponerse la pinza en la nariz. La integridad de cuatrocientos mil turistas que cada año embarcan en el peirao grovense para disfrutar de esas excursiones, exige conclusiones claras. Asimismo aguardo que la familia del turista de Guadalajara fallecido no desista de reclamar el esclarecimiento, pues intuyo que esa presión externa actuará de espoleta necesaria.

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