Ciudad antitaurina? virtualmente

La declaración abolicionista aprobada por mayoría municipal no conlleva prohibición de las corridas, que seguirán celebrándose en la plaza de propiedad privada


Desde hace unos días Pontevedra es, según la moción aprobada por la mayoría de la corporación municipal, «ciudad antitaurina». Enorme paradoja al tratarse de la única de las urbes principales de Galicia con una plaza de toros estable y una feria taurina anual vinculada a la Semana Grande de la Peregrina, núcleo duro de las Fiestas de Verano.

La fórmula semántica escogida para tal declaración es rebuscada, pero la intención futura final, conforme la propuesta de los abolicionistas que defendió Marea y asumieron los concejales del BNG y PSOE, es la de acabar con las corridas de toros en Pontevedra. Escribo «intención futura final» porque, de momento, el acuerdo plenario del pasado lunes, se mueve en términos de realidad virtual. Si algunos pensaron que en el próximo mes de agosto no habrá espectáculos taurinos en el coso de San Roque, se vayan desengañando. Este verano habrá toros en Pontevedra. Las tres corridas ya programadas. El mismo día que se tomó el acuerdo plenario antitaurino comenzó la venta de abonos que ya han llegado a los tres mil, entre aficionados y peñas. Y el resto del taquillaje se venderá en abierto a partir de mañana.

Horizonte 2019

Galicia sen touradas, referente principal de los grupos abolicionistas, ha conseguido un hito con la declaración municipal. Sí, ciertamente. Pero se queda en el ámbito de la pose. Los hechos dicen lo contrario. Y el más contumaz, por más contradictorio, es la persistencia de la subvención municipal a los propietarios de la plaza, bajo pretexto de «contrato de aluguer» para los espectáculos ecuestres de la Feira Franca.

No creo equivocarme al vaticinar que en 2019 este debate sobre toros, sí / toros, no volverá a reeditarse como ocurre recurrentemente en vísperas de las Peregrinas. Como será año electoral, habrá mayor ardor. Pero también estoy convencido de que seguirá habiendo corridas de toros en el coso de San Roque. Aunque los colectivos animalistas y abolicionistas aguardan cobrarse el año que viene su próxima victoria: que se suprima la subvención municipal a la empresa de los hermanos Lozano, que actualmente ronda los 39.000 euros. Ha descendido con respecto a años anteriores. Pero eso no calma el disgusto de los antitaurinos que estiman que desde el año 2000, los sucesivos gobiernos de Miguel Anxo Fernández Lores han subvencionado a la empresa de la plaza con un total de 800.000 euros, según las cuentas difundidas por Galicia sen touradas.

No obstante, la pregunta sería otra: ¿si el Concello retirase esa subvención anual por completo, se seguirán organizando corridas en la plaza de San Roque?

Pues la respuesta sería: sí, rotundamente. Al menos mientras los números les den a los hermanos Lozano, propietarios del coso y responsables, en última instancia de la organización de la feria taurina de Pontevedra. Leídas las declaraciones a La Voz de Galicia de Eduardo Lozano, después del acuerdo municipal, me queda muy claro que el empresario no se va a arredrar.

En el Estado español tenemos un nefasto ejemplo de las consecuencias de decidir unilateralmente la prohibición de corridas de toros. Se trata del caso catalán. En noviembre del 2010, el Parlament aprobó por mayoría la prohibición de celebrar corridas de toros en Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona.

La decisión ha sido reconvenida por el fallo del Tribunal Constitucional, que en el 2016 determinó que no es competencia de la cámara catalana y que la prohibición es inconstitucional por que conculca la ley española del 2013 que declara los toros como «patrimonio cultural español». No obstante, la Generalitat y el Parlament siguen sin acatar el mandato del TC, ya que este asunto se ha incorporado al relato de la causa independentista y al actual conflicto.

Y al suma y sigue hay que agregar que fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien decidió, en enero pasado, que la Generalitat deberá indemnizar a la familia Balañá, propietaria de la Plaza Monumental de Barcelona, con un millón de euros por los perjuicios ocasionados con la prohibición taurina declarada inconstitucional.

Con semejante jardín y por las evidentes distancias ideológicas que existen, ahora mismo resulta inimaginable que en Galicia, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo vaya a dar batalla contra los toros. Máxime cuando la reciente Lei contra o maltrato animal, promovida por la Xunta y aprobada por el Parlamento Gallego en el 2017 con los votos del PP, excluyó las corridas, sorteando inmiscuirse en la polémica entre abolicionistas y taurinos.

Si las Administraciones autonómica y estatal evitan enfangarse en el debate sobre los toros, resulta imprevisible que el Concello de Pontevedra vaya a enredarse en ese zarzal. Cuando menos hasta superadas las próximas elecciones municipales. De hecho, el acuerdo plenario del pasado lunes incluyó instar a la Xunta de Galicia, al Gobierno Central y hasta a la Unión Europea «para que realicen as modificacions lexislativas pertinentes para vetar a realización de espectáculos de tauromaquia». Estas apostillas a la moción inicial que fueron cosecha del BNG y de la propia Marea no dejaron de ser una patada hacia adelante para pasarle la pelota a otras administraciones con tutela y capacidad legislativa en la materia.

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