Cuenta atrás para Elnosa

El inminente cierre forzoso de la clorera Electroquímica del Noroeste llega por una coalición de circunstancias jurídicas, políticas y económicas


La factoría de Elnosa en Lourizán está a dos semanas de cesar por completo su actividad productiva y, por tanto, ante un presumible cierre de sus instalaciones que debería abandonar en el plazo que marque la autoridad competente. De hecho, el Concello ya la da por liquidada y solo aguarda a que restituyan y recuperen los terrenos ocupados durante 50 años por lo que, a tal fin, acaba de solicitar que el proceso sea tutelado por el Gobierno de la nación.

El momento se resume en una imagen: ahora mismo Elnosa parece el boxeador tocado que después de recibir una lluvia de golpes, se tambalea por el ring mientras el árbitro detiene la pelea y empieza la cuenta atrás. Está en puertas del k.o. técnico.

Visto con la perspectiva que otorgan el tiempo transcurrido y las experiencias informativas acumuladas, solo cabe concluir que el cierre de Elnosa que durante años soñaron gobernantes de diferente signo político, desde Pepe Cuíña hasta Pachi Vázquez, finalmente llega por una suma de circunstancias y no por un decreto de la Xunta de Galicia o del Gobierno central. Política y jurídicamente han hecho más por llegar a este desenlace los sucesivos gobiernos municipales de Miguel Fernández Lores que han protagonizado una resistencia activa que terminó por desesperar a los propietarios de la fábrica electroquímica.

Coalición de circunstancias

El cierre inminente de la fábrica es la consecuencia de una coalición de circunstancias políticas, jurídicas y económicas que se han anudado en el tiempo para abocar este final.

La Unión Europea estableció un techo en la fabricación de cloro sin mercurio que supuso el primer varapalo. Hace años, la presencia de Elnosa en Lourizán se explicaba por su vecindad con la pastera, a la que aportaba la lejía necesaria para el blanqueo de la celulosa. Pero eso ya es historia. Ence incorporó la tecnología de oxígeno para blanquear la celulosa casi al mismo tiempo que los caminos empresariales de ambas se separaban. Elnosa no supo adaptarse a los nuevos tiempos y la prueba es que ni se planteó a tiempo su posible traslado ni afrontó en plazo el cambio de tecnología en la producción que le permitiera homologarse a los parámetros de la UE. Ni los accionistas portugueses que controlan la firma supieron nunca con quién y cómo conducir sus negociaciones para conseguir los permisos que necesitaban. Muy a diferencia de Ence, que demostró sobradamente que sí supo jugar sus cartas.

Lejos de eso, desde el pasado 11 de diciembre, Elnosa tuvo que dejar forzosamente de utilizar mercurio en su proceso productivo en cumplimiento de la directiva comunitaria. Paralelamente en este tiempo Elnosa dispuso de una renovación de la «licencia verde» (autorización ambiental integrada, AAI) que decidió la Xunta de Galicia en el 2016 y prorrogó «irregularmente», según un reciente fallo del Tribunal Superior de Xustiza, propiciado por un recurso del Concello de Pontevedra. En todo caso, la AAI ya caducó y tras el rapapolvo judicial, no había visos de que el gobierno de Núñez Feijoo se atreviera a repetir. Sobre todo porque siempre faltaba la piedra angular: la prórroga de la concesión de ocupación de terrenos en zona marítimo-terrestre que debía resolver el Gobierno de la nación, a través de la Dirección General de Costas. Parece evidente que la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy para llevar a La Moncloa a Pedro Sánchez ha cerrado ese camino. Era sabido que el PSOE no iba a dar su apoyo a la continuidad de la clorera en Lourizán.

Por estas dos circunstancias, Elnosa se halla desde hace meses en un fuera de juego legal que resulta mortal de necesidad.

La firma vendió a la plantilla

Pero además la firma portuguesa Bondalti (antes CUF), principal accionista de Elnosa, tampoco ha jugado limpio en esta partida con sus trabajadores. Mientras espoleaba a la plantilla de Lourizán y les lanzaba como mascarón de proa a arremeter contra el gobierno municipal del BNG, los propietarios compraron en noviembre pasado la antigua factoría de Solvay en Torrelavega, en una operación que escribí entonces que ya constituía todo un plan B para los accionistas.

En tierras cántabras Bondalti pretende invertir hasta 55 millones de euros en la modernización de la planta para instalar tecnología de membrana concorde a la normativa europea. Es decir, la misma exigencia tecnológica que debería haber afrontado en Pontevedra y cuyo coste se había cifrado en 44 millones de euros que nunca se programaron. En su descargo hay que reconocer que la inseguridad jurídica no alentaba la inversión.

La incertidumbre acumulada durante años ha ahogado las escasas esperanzas que los trabajadores mantenían hasta que esta semana recibían aviso de los propietarios de que se disponen a pechar a la vista de que carecen de la renovación de los permisos necesarios. Aunque después de una reunión de directivos de la electroquímica con el vicepresidente de la Xunta y dos conselleiros, aún dejaban entreabierta una remota posibilidad. Pero a la vista de los datos que se acumulan, parece más una mentira piadosa para consuelo de la plantilla que una hipótesis verosímil. Como mucho, les ofrecerán recolocaciones en la planta que preparan en Cantabria.

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