Perplejidad por el archivo del caso Sonia sin conocerse las actuaciones

Las partes se enteraron antes del sobreseimiento que de las diligencias realizadas


pontevedra / la voz

Falta poco más de un mes para que se cumplan ocho años de la desaparición de la pontevedresa Sonia Iglesias. Para entonces, su familia acumulará casi 3.000 días de sufrimiento en los que, a mayores de la impotencia por no encontrar a su hija o hermana, ha tenido que lidiar con un proceso judicial que nunca dejó de dar tumbos para regresar una y otra vez al mismo punto: a que no se sepa qué pasó con Sonia aquel 18 de agosto de 2010. Quizás por eso, porque los giros han sido ya demasiados sin que se lograse avanzar, ayer Mari Carmen Iglesias, la hermana de Sonia y habitual portavoz de la familia, no estaba para nadie. Ni siquiera la abogada lograba localizarla. Y es que la de ayer no era una jornada cualquiera. Solo unas horas antes se había hecho público que el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra había vuelto a archivar de forma provisional el caso de Sonia Iglesias. Más allá del mazazo que seguramente supuso este hecho para la familia, en los ámbitos judiciales reinaba ayer la perplejidad. ¿Cómo se cierra el caso, aunque sea de forma provisional, antes de que las partes conozcan qué diligencias se llevaron a cabo desde que se reabrió a mediados del 2017? Esa era la pregunta que todos se hacían.

Para entender lo que está pasando ahora hay que viajar al pasado. Tras la desaparición de Sonia en el 2010 y la pertinente investigación judicial, en la que llegó a estar investigado durante varios años la pareja de Sonia en el momento de la desaparición, Julio Araújo, en el 2015 la Audiencia archivó la causa después de que antes lo hiciese el juzgado de instrucción y de que la familia Iglesias y la fiscalía se opusiesen. Pero a mediados del año pasado se reabrió el caso, con unas diligencias secretas. Meses más tarde, en febrero de este mismo año, se evidenció que la investigación estaba de nuevo en marcha con el registro de una casa en Mourente propiedad de la familia Araújo. Hubo un enorme movimiento de agentes, se citó a declarar en comisaría a Julio Araújo y a su hermano David pero, aún así, todo parecía ir apuntando a que no había avances, a que las diligencias no arrojaban resultados. Sorprendió, por ejemplo, que se tomase declaración policial a la pareja de Sonia y que sin embargo no acabase investigado judicialmente -como sí sucediera anteriormente, antes del primer archivo provisional-. «Parecía la crónica de un archivo anunciado», decía ayer una voz autorizada en este caso.

Sí se levantó

Y sí, el archivo provisional llegó por parte del juzgado. No sorprendió demasiado que esto ocurriese. Pero sí causó perplejidad el hecho de que se haya llegado al sobreseimiento sin que las partes -la familia de Sonia Iglesias está personada en la causa- tuviesen conocimiento de las diligencias que dieron pie a la reapertura del caso. Es más, tanto el letrado de la familia Iglesias como el de Julio Araújo confirmaban ayer que no les habían notificado el levantamiento del secreto. De hecho, a media mañana conocían bien el auto del archivo pero no podían hablar de todo lo sucedido en el último año porque lo desconocían totalmente. Todo ello pese a que, realmente, tal y como señalaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sí está levantado ya el secreto sumarial.

Ahora falta saber si la fiscalía o la familia de Sonia recurrirá el archivo. Lo hicieron en el 2015. ¿Volverá a repetirse la historia?

El auto judicial dice que no hay indicios para mantener la investigación en curso

El auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Pontevedra que se comunicó el jueves a las partes y que decreta el sobreseimiento provisional del caso de Sonia Iglesias es un documento bastante escueto y genérico. En él se explicita lo siguiente: «En el presente caso, atendido el resultado de las gestiones realizadas por la policía judicial, se procedió a la reapertura de las presentes actuaciones y a la práctica de las diligencias que se estimaron pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados y su autoría, sin que de su resultado se deriven sin embargo indicios concluyentes para continuar la investigación en curso, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones».

Lógicamente, en el auto judicial también se deja la puerta abierta a la reapertura en caso de que se hagan nuevas averiguaciones policiales o que se logre saber a quién pertenecen las muestras de ADN encontradas en la vivienda de San Mauro. De hecho, el juzgado, tras indicar que se archiva provisionalmente el caso, señala que esta decisión se toma «sin perjuicio de que de las diligencias acordadas, análisis genético de los fragmentos de cortical encontrados en la finca sita en la calle san Mauro número 33, cuya especie no está confirmada, o de las gestiones policiales que se realicen, se derive la existencia de nuevos indicios que reaconsejen su reapertura».

En la misma línea, hace solamente unos días, fuentes de la fiscalía indicaban que, más allá de que hubiese archivo provisional o no, policialmente se seguiría adelante con la investigación.

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