«El nuevo bono eléctrico es un engaño para los consumidores vulnerables»

Una pontevedresa se queja de que sus padres, pensionistas de 87 años, tienen ahora un descuento ridículo en el recibo


pontevedra / la voz

Habla por sus padres. Y lo hace porque considera «un engaño», además de «una injusticia», el nuevo bono social eléctrico regulado por el Gobierno con la intención de proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas. Sus progenitores, pensionistas de 87 años, residen en la ciudad de Pontevedra. Viven con una pensión de 640 euros y otra no contributiva. Su hija, M.B., que prefiere que no conste su nombre, explica que sus padres tienen la condición de «vulnerables severos» y sus facturas eléctricas son elevadas, especialmente en los meses de invierno.

«En pleno invierno son recibos de 200 euros porque además de la calefacción mi madre tiene una enfermedad pulmonar crónica y depende de tres máquinas, entre ellas una concentradora de oxígeno y un nebulizador. Una de ellas tiene que estar encendida catorce horas al día y el consumo es elevado», relata su hija. Desde el 2014 tienen concedido el bono social. Su madre, además de la EPOC, tiene reconocida una minusvalía del 77 %.

Esta mujer cuenta que hasta el 2017, cuando se aprobó un real decreto que introdujo cambios en los criterios para acogerse al bono, sus padres se beneficiaban de un descuento del 25 % en la factura. Echa mano del último recibo, correspondiente al período del 5 de febrero al 4 marzo. «Fueron 141,04 euros y el descuento fue de 36,74 euros». Hace escasos días llegó el primer recibo con el nuevo bono, donde se aplica un descuento del 40 %, pero no sobre el total de la factura, sino de la potencia contratada. En el caso de sus padres la potencia es de 5,5 kilovatios. «La factura del 4 de marzo al 5 de abril fue de 138,73 euros y el descuento de 12,37. Si antes nos descontaban entre 36 y 38 euros por recibo, ahora son unos ridículos 12 euros. A ver si Rajoy tiene un brasero en la Moncloa», ironiza.

Con ese primer recibo contactó con Gas Natural Fenosa y se dirigió a Consumo. También a los sindicatos y a los partidos políticos. «Fenosa dice que es competencia del Gobierno. Y en Consumo me dijeron que no es cosa suya, pero que habían recibido varios correos de gente protestando. La única posibilidad es hacer una denuncia en el juzgado, pero esto va a afectar a todos los consumidores del bono social y yo no puedo luchar sola contra una ley del Gobierno», remacha.

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